Ejercerán acción penal contra ex dirigentes de Alianza por Guerrero y Alternativa Social Demócrata
Marcial Campuzano-SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 22 de noviembre de 2010.-La Procuraduría de Justicia del Estado ejercerá acción penal en contra de los dirigentes y responsables de las áreas financieras de los desaparecidos partidos políticos Alianza por Guerrero y Alternativa Social Demócrata, por no haber reintegrado al Instituto Electoral del Estado la totalidad de los bienes que adquirieron con prerrogativas, ni haber pagado las multas económicas que les impuso el órgano electoral por la no presentación de informes financieros ordinarios anuales y de campaña.
El jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado, Enrique Justo Bautista, dijo que de esta manera el órgano electoral sentará un precedente “para que no haya impunidad en el manejo de los recursos públicos por parte de los dirigentes de los partidos políticos, y para que se transparente su ejercicio.
El funcionario electoral recordó que en julio de este año, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) aprobó los dictámenes que emitió la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, en los cuales se estableció que los bienes muebles que dejó el desaparecido partido Alianza por Guerrero que encabezaba el ex priísta y ex diputado federal Carlos Sánchez Barrios, forman parte del patrimonio del órgano electoral.
Estos bienes consisten en la entrega de la cantidad de 34 mil pesos y 13 mil pesos en objetos de oficina que se van a tomar como parte de las multas de las que ese partido se hizo acreedor por un monto de alrededor de 400 mil pesos.
En el caso del Partido Social Demócrata la situación es más grave, porque aparte de que no entregó todos los bienes comprados con las prerrogativas y de que no ha pagado la multa, enfrenta problemas por laudos laborales con ex trabajadores por alrededor de un millón de pesos.
Este partido y sus dirigentes no entregaron cuatro vehículos comprados con las prerrogativas que otorga el estado a través del Instituto Electoral, y están emplazados a pagar alrededor de dos millones de pesos entre multas por la no presentación de informes financieros de campaña y gastos ordinarios anuales, y por laudos laborales.