Red de corrupción de Borge
CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 20 ex colaboradores, empresarios y familiares de Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en la red de "lavado" de dinero y de adquisición irregular de 22 terrenos propiedad del estado, que integró el expriista, acusado hasta ahora del desvío de 900 millones de pesos.
Entre ellos se encuentran, según los datos de prueba presentados por los fiscales del caso ante el juez de la causa penal 381/2017, la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (Ipae), Claudia Romanillos; el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Carlos Lima Carvajal; el ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loria; el excandidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI, Mauricio Góngora Escalante; los extitulares de Seguridad Pública, Bibiano Villa Castillo y Juan Pedro Mercader; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Fidel Villanueva Rivero; el juez primero civil de Playa del Carmen, Gustavo Chan Camaal, y María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario estatal.
Angulo Castilla es considerada una de las principales beneficiarias con los predios rematados por el Ipae, al adquirir cuatro en 28 millones 547 mil 182 pesos, cuando su valor real era de 149 millones de pesos.
También están en la mira de la dependencia los empresarios Édgar Manuel Méndez Montoya, del ramo metalúrgico, y el director de la distribuidora de gasolina en el sureste, Corpogas, Santiago Samuel Jiménez Moreno, quienes habrían participado como prestanombres del exmandatario local en la compra de los lotes en zonas exclusivas de Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.
El abogado de la familia Borge, César Celso González Hermosillo y Melgarejo; María de Lourdes Pinelo Nieto, quien fuera secretaria de Roberto Borge Martín, padre del extitular del Ejecutivo local, figuran de igual forma como beneficiarios de inmuebles del patrimonio estatal comprados a bajo costo.
Carlos Alejandro Lima Carvajal, exdirector del Registro Público de la Propiedad y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, es señalado como el principal operador para la adquisición de los predios. Fue abogado particular de Roberto Borge.
Jorge Luis Cárdenas Bazán, ex alcalde de Isla Mujeres, al parecer adquirió uno de los 22 terrenos rematados que tiene una extensión de 3 mil metros cuadrados y se localiza en Punta Norte.
En los casos de González Hermosillo y Pinelo Nieto, la procuraduría solicitó orden de aprehensión en su contra.
La exdirectora del Ipae Claudia Romanillos Villanueva fue la pieza clave de la red de corrupción, puesto que se encargó, junto con su ex coordinadora jurídica, Soraya Herrera Manzanilla, de la venta a familiares y amigos de Borge, de los 22 terrenos de la reserva territorial en tan sólo 238 millones 790 mil 121 pesos, pese a que su valor comercial asciende a mil 138 millones de pesos.
Para la PGR existe certeza de que la red de corrupción que colaboró con el exmandatario logró ocultar tres de los 22 predios, y señaló que en los 19 restantes no se concretó el delito porque fueron asegurados en febrero del año pasado como parte de las investigaciones.
Desde julio del año pasado, se tenía programada la comparecencia de Romanillos Villanueva, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla y demás implicados ante el juez de control con residencia en Nezahualcóyotl, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la única que se presentó fue Herrera Manzanilla con el amparo 362/2017.
En 2011 Romanillos Villanueva llegó al máximo cargo del Ipae, tras haberse desempeñado como secretaria particular de Roberto Borge. Días antes de concluir su periodo, fue llamada a comparecer por el Congreso local para que informara sobre el manejo discrecional con el que se habían operado los remates de los bienes del patrimonio estatal.
El grupo de enlaces y prestanombres de Borge Angulo operaba bajo la pauta del exsecretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, y el exsecretario técnico de la dependencia, Eliezer Manuel Villanueva Lanz, considerados los cerebros financieros.
A Guillermo Molina se le vincula con la malversación de mil 464 millones de pesos procedentes del impuesto al hospedaje al sector hotelero de la entidad, por lo que tiene siete denuncias penales en su contra por delitos federales y del fuero común.
Funcionario desde que el hoy senador priista Félix González Canto ocupó la alcaldía de Cozumel y después la gubernatura del estado, Villanueva Lanz es señalado como el principal operador financiero de la administración borgista y se le relaciona con la adquisición de más de cuatro inmuebles en Chetumal, los cuales están valuados en miles de millones de pesos.
La Fiscalía General del estado y la Secretaría de la Función Pública local tienen 15 denuncias en su contra por los delitos de peculado, abuso de autoridad y desempeño irregular de funciones.
Hasta el momento el gobierno del aliancista (PRD-PAN), Carlos Manuel Joaquín González, ha obtenido solamente una orden de captura contra el exfuncionario estatal por usurpación de funciones.
Autoridades del estado creen que el borgista huyó a Líbano con su esposa, Violette Eljure, originaria de ese país asiático.
Otros de los presuntos operadores son Fernando Escamilla Carrillo, extitular de la Secretaría de Infraestructura y Planeación, y los exsubsecretarios de la dependencia, Ariel Federico Meeser Soureau y Andrés Canul Novelo, quienes al parecer participaron en el desvío de 2 mil 388 millones de pesos, en complicidad con la exsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Paula García Achach, detenida por la Fiscalía General y después puesta en libertad -tras pagar una fianza- y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), dirigida en ese entonces por Paula González, quien fue detenida y vinculada a proceso el 3 de enero pasado por el delito de peculado. González presuntamente desvío mil 56 millones de pesos del erario público.
Según la autoridades locales, Escamilla Carrillo, Canul Novelo y Meeser Soureau pagaron 777.2 millones por la renta de maquinaria para obras que nunca se realizaron en Quintana Roo.
El exalcalde de Solidaridad y ex candidato del PRI Mauricio Góngora Escalante tiene una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Fiscalía General de Quintana Roo, por recibir 201 millones de pesos del presupuesto del estado para su campaña electoral.
El universal
FABIOLA CORTÉS
Clave, designación en Ipae en caso Borge: PGR
Claudia Romanillos Villanueva, identificada como coautora del desfalco millonario ocasionado por el exgobernador Roberto Borge Angulo, administró sus gastos de campaña rumbo a la gubernatura.
Romanillos Villanueva ha sido una de las más cercanas colaboradoras de Borge Angulo desde hace 13 años. Hoy forma parte de la causa penal número 381/2017, en la que la Procuraduría General de la República (PGR) la señaló como coautora de la red de lavado de dinero que causó un desfalco por 900 millones 99 mil 418.17 al erario público.
Romanillos y Borge comenzaron a colaborar desde que éste ocupó en la Tesorería del estado de Quintana Roo en 2005, designado directamente por el entonces gobernador, Félix González Canto.
Romanillos fue desde entonces la secretaria particular de Borge y le acompañó también de 2006 a 2008, cuando ocupó el cargo de oficial mayor.
Al conocer las aspiraciones de Borge para ser diputado, Romanillos se convirtió en el elemento clave de su manejo monetario.
Administró los gastos de su campaña rumbo a la diputación, que ocupó de 2009 a 2011. Después administró el dinero de la campaña que lo llevó a la gubernatura de su estado, donde Romanillos logró ascender de secretaria particular a administrar el patrimonio de Quintana Roo.
Cuando Borge se convirtió en gobernador, designó a Romanillos presidenta del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (Ipae), en el que vendió a precios de remate 22 predios para favorecer a amigos y familiares del entonces mandatario estatal.
Durante la audiencia inicial contra Borge, el pasado 4 de enero, los fiscales de la PGR afirmaron que la ex directora del Ipae integró los expedientes en los que se autorizó la compraventa irregular de 22 predios tutelados por la reserva territorial de Quintana Roo.
Señaló que el papel de Romanillos Villanueva fue materializar la enajenación y adquisición de los terrenos a precios de remate razón por la que, según la PGR, su designación en el Ipae fue clave para Borge.
Un juez penal libró orden de aprehensión contra la ex funcionaria, quien consiguió una suspensión a través de un amparo, por lo que no ha sido posible ejecutar su detención.
Los fiscales indicaron que Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del Ipae, también fue cómplice de las ventas ilegales, puesto que era la encargada de verificar que los expedientes cumplieran con los requisitos necesarios.
En los expedientes, la PGR detectó que no se cumplieron requisitos como la existencia de constancias de solicitud de avalúo comercial a peritos valuadores autorizados; constancia del historial crediticio de los compradores, y consentimiento previo y por escrito del Consejo General del Ipae, entonces presidido por Borge Angulo, para ceder los predios, entre otros.
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