¿El fin de las niñas mamás?
Guillermo Montalvo Fuentes
Las estadísticas muestran que el embarazo adolescente es una realidad, sobre todo en los países menos desarrollados. Activistas de la sociedad civil lo definen como un problema de salud grave y un indicador de exclusión social. En México, el único grupo de edad en el que no se ha reducido la tasa de fecundidad es en el de mujeres de 15 a 19 años. Ante este panorama, el gobierno federal puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea). Sin embargo, para que una niña con hijos deje de ser un lugar común, una problemática normalizada y por lo tanto desatendida, hace falta voluntad política que se traduzca en asignación de presupuesto y cambios legislativos, un compromiso que va más allá de las buenas intenciones.
Según datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), en los países menos desarrollados una de cada 4 mujeres de 20 a 24 años reportó, en el periodo 2010-2015, haber tenido un hijo durante la adolescencia, lo que significa 12 millones de madres a temprana edad. La región de África Subsahariana fue la que registró el mayor número de embarazos en mujeres de 15 a 19 años: alrededor de 200 nacimientos por cada mil adolescentes.
La respuesta
El 23 de enero del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la Enapea, iniciativa que busca erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad y reducir a la mitad la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años; ambas metas tienen como plazo el 2030.
La implementación de la estrategia está a cargo del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea), liderado por la Secretaría de Gobernación y conformado por otras dependencias del gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional de Población.
A primera vista, la Enapea es un buen proyecto que propone combatir los embarazos tempranos a partir de cinco objetivos específicos: que los adolescentes finalicen la educación obligatoria y que tengan oportunidades laborales, mantener para ellos campañas sobre salud sexual y reproductiva, fortalecer la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, asegurarles la prestación de los servicios de salud y, finalmente, capacitar a los profesores en todos estos temas.
Si bien los miembros de organizaciones civiles han recibido con gusto la Enapea, no pasan por alto ciertas carencias que deben ser atendidas para que los objetivos de la estrategia sean alcanzados.
Buenas ideas, pocas acciones
De acuerdo con Gabriela Rodríguez, directora de la organización civil Afluentes, la pobreza es uno de los principales factores del embarazo adolescente, un problema que, aseguró, no es nuevo. “Esto siempre ha sido así, el sector más excluido siempre ha empezado su vida sexual y reproductiva a una edad más joven. Por eso el embarazo adolescente es un indicador de atraso y exclusión social grave”.
Aunque la antropóloga social celebró la puesta en marcha de la Enapea, también mencionó que a un año y medio, no se han visto avances significativos. “Es un excelente proyecto que plantea las prioridades que se deben atender; teóricamente está muy bien, el tema es la implementación, en el sector salud ya hemos visto algunos avances, pero donde no se ha dado el paso es en el sector educativo”.
Rodríguez señaló que la crisis actual que enfrentan los maestros mexicanos, en constantes protestas por la reforma educativa del gobierno federal, ha impedido que el sector atienda el tema del embarazo adolescente.
“A estas alturas no se ha capacitado a los maestros en los nuevos lineamientos de la Enapea. Se necesita trabajar el empoderamiento de niñas, adolescentes y jóvenes para que tengan control sobre su cuerpo y su salud sexual y reproductiva. En ese enfoque, que es más profundo, es en el que falta capacitación, pero hasta hoy los maestros le tienen miedo al tema”.
De los más de 400 mil nacimientos en madres menores de edad al año en México, Coahuila, Chihuahua y Guerrero son los estados con mayor número de casos; la Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León son los que tienen menos.
Madres por la fuerza
Otro aspecto que es incluido en la Enapea, pero no se menciona de qué forma será atendido, es el de los embarazos adolescentes producto de una violación.
De acuerdo con la titular de Afluentes, cuando hablamos de mujeres embarazadas menores de 15 años siempre hay que sospechar y descartar primero la violencia sexual como causa. En este sentido, señaló que no sólo es urgente prevenir y atender el abuso sexual, sino además ofrecer a las víctimas los servicios de salud para que, de ser necesario, puedan interrumpir su embarazo.
Cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) indican que de abril de 2007 a mayo de 2016 se han realizado en la Ciudad de México 160 mil 170 interrupciones legales del embarazo (ILE), de las cuales 10 mil 77 han sido en mujeres menores de 18 años, lo que representa un 6.29 por ciento del total.
Marisol Escudero, abogada de políticas públicas de GIRE, coincidió en que sí existe una correlación entre embarazos adolescentes y violencia sexual. Por eso, aunque señaló que la Enapea es una “buena estrategia en cuanto a los fines que persigue”, existen aspectos que carecen de precisión, entre ellos, qué acciones se implementarán para reducir los embarazos en menores víctimas de una violación.
“Uno de los objetivos de la Enapea es erradicar los embarazos en niñas menores de 14 años, que se presume son principalmente resultado de violencia sexual; sin embargo, no vemos en la estrategia medidas de atención al respecto.”
Un problema de salud
Todas las mexicanas embarazadas por violación tienen derecho a una ILE, precisó Escudero, sin embargo, no todas tienen acceso a ella debido a los obstáculos que encuentran en sus respectivos estados. El informe de GIRE Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México 2015 reporta que en 14 entidades federativas una mujer requiere autorización médica para interrumpir su embarazo, a pesar de haber argumentado violación, mientras que en 17 estados le piden como requisito una denuncia previa. Igualmente, sólo 14 entidades incluyen en su código penal la causal salud para poder interrumpir un embarazo. Esto significa que en las otras 18 entidades, una mujer está obligada a ser madre, aun a costa de su salud y su vida.
Marisol Escudero señaló que si bien estas son dificultades para cualquier mujer, en el caso de las adolescentes se agravan, debido a que un embarazo a temprana edad implica, en muchos casos, un mayor riesgo a la salud y a la vida de la mujer.
Por tal motivo, consideró que a través de la Enapea los gobiernos federal y estatales deben hacer un esfuerzo legislativo para atender los embarazos adolescentes a partir de estas situaciones que enfrentan las mujeres.
“Esta normalización de los embarazos a temprana edad debe ser atendida a partir de políticas de salud, porque es un problema de salud que pone en riesgo la integridad física y psicológica de las niñas”, subrayó Escudero.
“Hay que reforzar ciertos puntos para que esta propuesta trascienda lo electoral, porque si vas a fijar una meta para 2030 debes establecer estrategias para que con los cambios de gobierno, el trabajo realizado no se vaya a caer; de lo contrario, la Enapea se va a convertir en una anécdota más”.
¿Dónde está el presupuesto?
Pero la intersectorialidad que propone la Enapea, la capacitación a los servidores de salud pública y a los profesores, las campañas de prevención y todas las acciones que se incluyen en la estrategia, pueden quedar en letra muerta sin un elemento de suma importancia: el presupuesto.
Tanto Gabriela Rodríguez como Marisol Escudero coincidieron en que la Enapea sólo alcanzará buenos resultados si el gobierno federal destina los recursos suficientes para implementar y monitorear todas las acciones de la estrategia.
Al respecto, Brando Flores, coordinador del área de investigación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), afirmó que todavía no queda claro cuánto presupuesto ha otorgado el gobierno federal exclusivamente para la difusión y el fortalecimiento de la Enapea.
“Hasta el momento se sabe que el recurso es entregado en algunas instancias federales, pero hace falta ver cómo baja a las entidades, porque la estrategia sugiere acciones, pero cuando llegas a los estados tienes distintas realidades y eso puede hacer que la estrategia pierda impulso”.
Para el investigador, no sólo hace falta asignación de presupuesto, sino además reforzar mecanismos para que desde la ciudadanía y desde otras instancias se puedan monitorear de cerca los recursos.
Más que una anécdota
El gobierno federal tiene 14 años para reducir la tasa de embarazo adolescente en el país. “Hay que reforzar ciertos puntos para que esta propuesta trascienda lo electoral, porque si vas a fijar una meta para 2030 debes establecer estrategias para que con los cambios de gobierno, el trabajo realizado no se vaya a caer; de lo contrario, la Enapea se va a convertir en una anécdota más”, afirmó Brando Flores.
En tanto, para Marisol Escudero, las metas de la Enapea son posibles sólo “si existen los recursos para ello y si hay un compromiso por parte de las autoridades”. De acuerdo con la abogada de Gire, más allá de aplicar juicios de valor negativos a los embarazos adolescentes hay que revisar “en qué medida son producto de decisiones informadas”.
Por su parte, Gabriela Rodríguez subrayó que las metas de la Enapea “son inviables”, pues considera que “no es posible” cumplir esos objetivos en tan sólo 14 años. “Los indicadores demográficos no cambian a la velocidad que uno quisiera”.
Sin embargo, la antropóloga reiteró la importancia de hacer el esfuerzo. “Si no nos tomamos esto en serio vamos a llegar al 2030 con los mismos 400 mil embarazos adolescentes al año. Enseñando cómo se coloca un condón no es suficiente, ahí no se acaba el tema”, concluyó.
*Publicado en el número 240 del suplemento Letra S del periódico La Jornada
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