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Desechan amparo de Serrano Limón

Leonardo Bastida Aguilar

Por intentar obtener dos amparos para evitar ir a prisión por su responsabilidad en el presunto peculado por más de 25 millones de pesos, que aportó la Federación a la asociación civil Comité Nacional Provida, el juez federal Octavio Mejía desechó el juicio de amparo iniciado a petición de Jorge Serrano Limón, titular del Comité.

serranolimonEl juez titular del juzgado tercero de distrito de amparo resolvió que es improcedente el juicio de garantías interpuesto por los abogados de Serrano, debido a que al mismo tiempo litigaba un recurso de apelación ante un tribunal unitario contra la misma formal prisión, lo que está prohibido. El artículo 61 de la Ley de Amparo señala las causas de improcedencia para ese tipo de juicios e impide a los jueces de amparo entrar al conocimiento de demandas de garantías cuando en paralelo se desahogan recursos de apelación.

A 12 años de que organizaciones de la sociedad civil realizaran una auditoría ciudadana y presentaran ante la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados sus resultados sobre el desvío de 30 millones de pesos asignados al Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón, ex presidente del comité, fue puesto a disposición de las autoridades y recuperó su libertad tras pagar una fianza, aunque no de manera permanente, pues el caso continúo en juzgados hasta el día de ayer que se resolvió el desecho del amparo.

La historia

Los recursos fueron entregados a Provida desde la Secretaría de Salud, a través de la intermediación del entonces diputado del Partido Acción Nacional Luis Pazos. En la auditoría se hallaron compras irregulares de artículos de lujo como plumas Mont Blanc y también tangas para mujeres.

Sobre el caso, Silvia Solís, de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, explicó que la investigación respondió a irregularidades encontradas en el ejercicio del presupuesto público como que Provida gastó el dinero obtenido en contratar empresas que tenían su mismo número telefónico.

Por eso, la Auditoria Superior de la Federación revisó las cuentas entregadas por los recursos que se habían otorgado como apoyo a la instalación y mantenimiento de los Centros de Ayuda a la Mujer. Se detectó que 14 millones 188 mil pesos fueron desviados hacia otros fines por lo que habría que restituir el dinero, como lo habían señalado las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Salud Integral para la Mujer; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, las cuales realizaron la auditoría ciudadana.

El 15 de agosto de 2010, el juez decimotercero de distrito en materia civil, Salvador Martínez Calvillo, indicó que Provida debería reintegrar al erario 14 millones 188 mil pesos, luego de un juicio promovido por el propio gobierno y que duró casi cinco años. A esta cifra se debían sumar los intereses calculados a partir del 15 de noviembre de 2005, con tasa de 9 por ciento anual, con lo que la deuda ascendía, en ese momento, a casi 22 millones de pesos, y continúa en aumento hasta no ser saldada.

En 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la organización desvió un total de 25 millones 764 mil 539 pesos, por lo que ordenó la apertura de una investigación por peculado y el 21 de octubre pasado se giró una orden de aprehensión en contra del presidente de Provida.

Previamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un amparo directo promovido por Serrano Limón para evitar el pago de la sanción por un desvío de 14 millones 188 mil pesos, con el argumento de que era improcedente.

A la cárcel

El 18 de febrero pasado, bajo la acusación del delito de peculado, por haber hecho mal uso de fondos públicos, la Procuraduría General de la República detuvo a Jorge Serrano Limón y lo trasladó al Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, después que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal librara la orden de aprehensión correspondiente al considerar que el implicado cometió “faltas graves en el ejercicio de recursos públicos asignados para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer”.

Cuatro días después, el 22 de febrero, tras garantizar el pago de una fianza por 25 millones 764 mil 539 pesos, Serrano Limón obtuvo su libertad bajo caución. Sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito de procesos penales federales deberá determinar si dicta auto de formal prisión o de libertad definitiva.

Mientras tanto, el líder de la organización de corte conservador ha señalado ante los medios de comunicación que la situación es culpa de “los grupos que no toleran que ayudemos a las mujeres a salir adelante en su vida, a ofrecerles alternativas de vida. Yo creo que son los mismos pro aborto los que están moviendo esto” y afirmó que “los aparatos (adquiridos con ese dinero) están a la vista y se han utilizado en forma continua para que las mamás puedan ver a sus bebés y escuchar los latidos del corazón, incluso antes de las 12 semanas de embarazo. Los ultrasonidos han sido un apoyo muy importante para salvar a más de 8 mil vidas durante 2015”.

El tangagate

Silvia Solís explicó que se ventiló la compra de tangas para mostrarle a la sociedad la doble moral con la que actúan los grupos denominados provida, los cuales condenan la sexualidad, y recordó que ante el señalamiento de un gasto de seis mil pesos en tangas de mujer, Serrano Limón calló por más de dos meses, para después aclarar que algunas de las mujeres atendidas en los centros de apoyo requerían de esas piezas de ropa interior.

Añadió que él no es el único implicado en el desvió de fondos. También lo está Rocío Gálvez, actual presidenta del Comité, quien en aquella época firmó algunos documentos relacionados con la entrega de recursos.

Además, se vincula al entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, quien mediante su cargo pudo otorgar, de manera directa, el monto económico a Provida.

Sin embargo, el ahora columnista del periódico El Financiero sí recibió un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007 para evitar ser investigado.