China va contra funcionarios corruptos y Occidente duda en ayudarle
Los países liberales enfrentan un reto al decidir qué tanto pueden cooperar con un régimen autoritario. Cuando los investigadores chinos se acercaron a Cao Jianliao, el poderoso vicealcalde de la cuarta ciudad más grande de China, algunos de sus colaboradores más cercanos salieron del país rumbo a Nueva Zelanda.
Tan Bingzhao, un prominente desarrollador inmobiliario neozelandés en la ciudad de Guangzhou, es acusado por los
investigadores y los medios de comunicación locales, controlados por el Estado, de haber sobornado a Cao y a sus parientes con el fin de comprar tierras baratas y obtener contratos.
Este empresario permanece en Nueva Zelanda, fuera del alcance de las autoridades chinas, de acuerdo con la información de la prensa. Él no pudo ser localizado para dar comentarios y sus socios en aquella nación se negaron a comentar.
Cientos de funcionarios temerosos y sus asociados han salido de China en medio de la creciente campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping.
Después de una investigación del CCDI, con la que fue posible extraer una confesión de Cao, Pekín solicitó al gobierno neozelandés información sobre esos activos y también entrevistar a residentes y ciudadanos de ese país.
Los investigadores chinos acusaron públicamente a Cao de corrupción, involucrando hasta 43 millones de dólares, y de sostener desde hace mucho tiempo relaciones sexuales con al menos 11 amantes. Cao permanece detenido y no está disponible para comentarios.
Este caso y otros similares plantean un enorme desafío para las democracias liberales como Nueva Zelanda y Reino Unido, especialmente cuando aumenta la influencia económica y política de China.
"Nuestros países no quieren ser vistos como paraísos adonde pueden huir los funcionarios corruptos con sus ganancias ilícitas, pero hay grandes cuestionamientos que cualquier democracia enfrenta sobre qué tanto puede cooperar con el sistema autoritario chino", le dijo, al Financial Times, solicitando el anonimato, un diplomático de un importante país occidental.
El CCDI es un organismo extrajudicial que solamente le responde al liderazgo del partido comunista y tiene el poder de detener de manera indefinida a cualquiera de los 86 millones de miembros del partido del país, sin juicio y sin acceso a un representante legal.
A menudo son acusados de tortura, de tratar inhumanamente a los sospechosos y que existen investigaciones con un motivo político, de acuerdo con los grupos de derechos humanos.
Incluso cuando los casos son transferidos del CCDI al sistema legal chino, hay serios cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial, ya que los tribunales responden a la jerarquía del partido. En China también existe la pena de muerte, incluso en casos de corrupción, lo que plantea problemas para los países que prohíben la pena capital.
Por estas razones, China no cuenta con tratados de extradición con ninguna democracia occidental, aunque tiene acuerdos con 38 países y ha repatriado a 730 personas sospechosas de "crímenes económicos mayores" desde 2008, de acuerdo con los medios estatales.
Recientemente el CCDI lanzó la operación Fox Hunt 2014 (Cacería de zorros), con la que espera capturar a fugitivos en países como Canadá, Australia y Estados Unidos, los tres destinos favoritos de los supuestos funcionarios corruptos, de acuerdo con los medios estatales.
La cantidad de dinero que ya salió secretamente de China es enorme. Global Financial Integrity, el grupo estadunidense sin fines de lucro, estima que los flujos ilegales que abandonan el país llegan hasta 2.83 billones dólares entre 2005 y 2011.
