Advierten burócratas de confianza que no presentaran sus renuncias
Agencia SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 20 de marzo de 2011.-La reforma a la Ley de los Servidores Públicos del Estado causó malestar e incertidumbre entre los trabajadores de confianza y supernumerarios del gobierno del estado y los municipios, y rebeldía de jefes de departamento y de directores de la administración pública estatal, quienes advirtieron que no presentarán sus renuncias a los cargos para no quedar desprotegidos en la presentación de demandas laborales que degeneren en laudos por despidos injustificados.
El miércoles de la semana pasada, el Congreso del estado aprobó reformas al apartado de relaciones laborales de la Ley Orgánica de los Servidores Públicos, con la que se pretende acabar con las demandas laborales que llegaran a presentar empleados de confianza, en este caso del gobierno del estado, con motivo del fin de sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo.
En la estructura gubernamental del Poder Ejecutivo, hay directores y jefes de departamentos que recaban firmas entre los trabajadores que tienen a su cargo para lograr de esa forma mantenerse al frente de las oficinas y que el gobierno de Angel Aguirre Rivero, con esa presión no los despida.
Adicional a esto, la reforma laboral que entrará en funciones en esta semana con su publicación en el Periódico Oficial del Estado, generó incertidumbre y malestar entre trabajadores e de confianza y supernumerarios del gobierno estatal ante el temor de ser despedidos en el transcurso del mes de abril, toda vez que las reformas no obligan al Poder Ejecutivo a mantenerlos en la nómina.
Cabe señalar que el grueso de los trabajadores del gobierno del estado son supernumerarios y de confianza, lo que hace suponer que las reformas al apartado de relaciones laborales podría degenerar en despidos masivos, situación a la que temen los burócratas clasificados en esos tipos de relaciones.
Como antecedentes citamos que el Congreso local determinó reformar la Ley Orgánica de Servidores Públicos del Estado, debido a que al término de cada sexenio del gobierno estatal o trienio en los municipios, son innumerables las demandas laborales que presentan trabajadores que son despedidos ante la llegada de empleados con los mandatarios que asumirán los cargos.
De acuerdo a las estadísticas, tan sólo los 81 municipios del estado deben laudos por un monto superior a los 800 millones de pesos, en tanto que el gobierno estatal debe más de 500 millones, en los dos casos por perder los pleitos laborales derivados de demandas presentadas por trabajadores por despidos injustificados.
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