Estrategia oficial, supuesto cumplimiento a sentencia de la Coidh

Gilberto Guzmán-SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 23 de noviembre de 2010.-La Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) señaló que sólo es una “estrategia” el supuesto cumplimiento del gobierno estatal a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por elementos del Ejército en 2002, para evadir su verdadera responsabilidad.

Además, denunció que nuevamente el Ejército está intimidando a sus compañeras, porque desde hace más de una semana elementos castrenses andan patrullando las comunidades de Barranca Bejuco y Barranca Tecuani, de donde son originarias, en un intento de modificar los términos de la sentencia de la Coidh y  en un claro mensaje de intimidación.

En una postura que difundieron por escrito a los reporteros, comentaron también que continúan las amenazas contra los dirigentes de la OPIM, y que el gobierno del estado no puede hablar de cumplimiento a esa sentencia por el caso de Valentina e Inés si no se han determinado plazos para ello.

La organización indígena Me´phaa negó también que ni antes ni ahora el gobierno del estado les esté brindando atención psicológica a Inés y Valentina a través de la Secretaría de Salud, por lo cual se mostraron incrédulos a que haya un interés real de defensa y garantía de los derechos humanos, “es lo que menos le importa a este gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo”.

El reproche de la OPIM está sustentado en la declaración que hizo el secretario de Gobierno, Israel Soberanis Nogueda, el 18 de noviembre pasado, cuando informó que el Ejecutivo estatal aceptó lo que le corresponde de las recomendaciones que instruyó la Coidh sobre el caso de las indígenas Me´phaa.

Dijeron que la anticipación del funcionario “es parte de una estrategia del gobierno, no para cumplir la sentencia sino para regatearlo”.

En el escrito también se lee: “queremos decir al secretario de Gobierno que, en primer lugar, no puede decir que están cumpliendo la sentencia, toda vez que no hemos acordado con el Estado mexicano la forma y plazos (del acatamiento) de los diversos resolutivos de dicha sentencia”.

La OPIM informó que las indígenas tienen previsto reunirse con representantes del Estado mexicano, “con la presencia además de los tres poderes para dar inicio a dicho cumplimiento, (pues) de ninguna manera el gobierno del estado puede adelantar o decidir algo que no le corresponde”.

Precisan que “la mayoría de los resolutivos de la corte deben ser acordados con las víctimas y sus representantes, y dicho funcionario (el secretario de Gobierno) pretende de manera unilateral implementar o dar cumplimiento a la sentencia a conveniencia de los militares que cometieron este delito, sin observar a cabalidad dicha sentencia”.

Para la OPIM, la postura asumida por el gobierno estatal es muestra de que está colaborando con la “manipulación” con que el  Ejército pretende conducir este caso, para que los delitos cometidos por los soldados queden impunes.

“El cumplimiento de la sentencia no es una concesión o una cuestión de buena voluntad del Estado mexicano, es una obligación que debe acatar, y lo que el funcionario quiere hacer creer a la opinión pública, es que el Estado es una instancia benefactora a un delito que cometieron elementos del Ejército”, se incluye en el texto.

La organización explicó que la sentencia de la Coidh no pone a discusión si el caso debe dirimirse en el fuero militar o civil, porque la corte es muy clara, “debe ser investigado por un tribunal civil y la Secretaría de la Defensa Nacional debe obligatoriamente turnar el expediente de este asunto al ministerio público ordinario que se acuerde con las víctimas y sus representantes”.