La Estafa Maestra
Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el Gobierno Federal. "Pero si él sólo hace chambitas de plomería, mire su casa", dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre, en Villahermosa, Tabasco.
Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad.
Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que "su empresa" ganó en contratos firmados en poco más de dos años. "Si hubiera tenido todo eso no estaría aquí". Pero acepta que firmó unos papeles. "Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio".
La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7 mil 670 millones de pesos del Gobierno Federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.
El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.
Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza -gobernador elector del Estado de México- al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.
También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente de la República, y hasta la fecha, el Gobierno Federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.
Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.
ELUDIR LA LEY
El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones -que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir-, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.
Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.
Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.
Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.
¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades -que hablaron a condición de anonimato- dicen que los funcionarios las "sugirieron", mientras algunos afirman que fueron las instituciones educativas.
Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.
EMPRESAS FANTASMA
De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró "fantasma" a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.
Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.
Un primer ejemplo: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM por 4 millones 934 mil pesos. La contrataron para dar "servicios administrativos para desarrollo del sistema informático" de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.
Otro caso: La empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. supuestamente se dedica al "comercio al por menor de computadoras y sus accesorios". La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33 millones 633 mil pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.
Animal Político y MCCI visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos accionistas. Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.
Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la PGR, según informó a Animal Político y MCCI . Pero dos años después, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015 sigue abierta.
LOS PRETEXTOS
Tener una casa propia es la meta natural de cualquier trabajador y nadie podría criticar que un organismo como el Fondo de Vivienda del ISSSTE simplifique los procesos burocráticos para obtener un crédito.
La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente "rediseñar" o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.
Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica -según su acta constitutiva- a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15 millones 389 mil pesos.
También contrató a otras tres empresas -Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.- que son investigadas desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.
El ISSSTE dijo que los servicios sí se realizaron, pero en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF encontró lo contrario y concluyó que no hay prueba de que la universidad o las empresas hayan dado los servicios contratados.
Una y otra vez
Los fraudes documentados por Animal Político y MCCI no siempre son iguales. Los casos más simples se resumen en dos pasos: una dependencia del gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma. Pero hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato.
La estafa documentada por Animal Político y MCCI sumó 7 mil 760 millones de pesos, y fue hecha por 11 instancias del Gobierno Federal. Las dos dependencias con los mayores desvíos son Sedesol, que alcanzó los 2 mil 224 millones de pesos, y Pemex con 3 mil 576 millones. Esos dos casos se desarrollarán en las siguientes entregas.
‘Sí, es fraude’
"Sí, es un fraude", dice Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. Y los titulares de cada dependencia -agrega- son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos.
Y añade: "es un claro acto de corrupción".
Juan Manuel Portal califica así los resultados de la investigación de Animal Político, que confirma que 11 instancias del Gobierno Federal dieron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con ocho universidades públicas.
La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.
Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la PGR por el desvío de recursos públicos. Y, sin embargo, se sigue utilizando el mismo esquema.
La investigación de Animal Político consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas fantasma, sin registro ante la Secretaría de Economía e ilegales.
El resultado: 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados.
El auditor, al conocer esta investigación y los perfiles de las empresas que recibieron los contratos, dice que todo tiene "las características de un fraude".
"Ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios".
"Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos".
Juan Manuel Portal es enfático: "hay que sancionar". Ese debería ser el primer paso tras revelar este fraude.
Y añade: "que firme el titular (de las dependencias). Que ellos firmen los convenios y se responsabilicen. Porque ahorita es muy fácil: para estos contratos con las universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, éste le dice a un director general, y éste a un director, y a veces llega hasta el subdirector, que es el que firma".
Que los secretarios de estado no argumenten que no vieron nada. En todo caso, dice el auditor, hace falta tipificar el delito de omisión para que la responsabilidad alcance a los titulares.
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