Gobierno de México pide juicio político contra un juez por favorecer a criminales
El Gobierno de México ha presentado una denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados dirigida contra un juez federal en el estado de Tamaulipas, al norte del país, por presuntamente favorecer la liberación de miembros de grupos criminales.
La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que señala que se tiene conocimiento de posibles acciones por parte del mencionado juez que habrían beneficiado a integrantes de grupos delictivos que operan en la frontera norte de México. Estas acciones, según la Secretaría, estarían contribuyendo a la impunidad y negando el derecho a la justicia al pueblo mexicano.
La acusación está dirigida específicamente contra el juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio de Tamaulipas, Crescencio Contreras. El juicio político es una medida seria que busca responsabilizar a funcionarios públicos por presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Principios constitucionales
El Gobierno mexicano sostiene que se tiene “una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez no están apegadas a los principios constitucionales y legales”, pues ha permitido la liberación de “generadores de violencia en agravio del interés público”.
”En la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto”, detalló Gobernación.
Entre estos casos, la Secretaría de Gobernación mencionó la liberación de integrantes de un grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en el estado de Tamaulipas, norte de México.
Así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”, abundó.
Es por ello, que el Gobierno mexicano considera que hubo, por parte del juzgador mexicano, desapego a los principios legales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben de regir la actuación de los jueces.”
Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”, concluyó.
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