El futuro del sindicalismo en México
El pasado 4 de enero, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en particular, para modificar la forma en la que operan los sindicatos y de contratación colectiva, basada en tres principios rectores: representatividad, transparencia y democracia en la vida sindical.
Ese día, el diputado Miguel Ángel Chico Herrera (Morena) señaló que el objetivo de esta iniciativa de reforma es sentar las bases para una "verdadera transformación en el ámbito sindical y de contratación colectiva", para "garantizar el acceso a una justicia independiente e imparcial, así como el libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores".
La iniciativa puede ser parteaguas de la nueva relación gobierno-sindicatos. La ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en septiembre del año pasado, el cual promueve la libertad sindical; el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que impulsa el voto libre y secreto, y la legislación secundaria de la reforma laboral en materia de justicia laboral que promueve la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, son los hilos detrás del cambio.
Recordemos que desde su campaña por la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador dejó clara su postura al respecto. Por un lado, dijo que su gobierno respetará la autonomía sindical y, por el otro, terminará con los liderazgos vitalicios y que exista democracia, es decir, que los trabajadores decidan, mediante el voto secreto y universal, quiénes quieren que sean sus líderes durante un periodo determinado.
De concretarse la iniciativa de Morena, los cambios en la Ley Federal del Trabajo impactarán en el orden de la relación laboral entre trabajadores y empresas (patrones), pero particularmente y de mayor escala en los sindicatos, ya que la propuesta va encaminada, primero a fortalecer la democracia sindical y, al mismo, a debilitar el carácter unitario y nacional de los mismos. Veamos por qué.
Entre los puntos más relevantes de la iniciativa, se reconoce y precisa el "derecho de los trabajadores para organizarse libremente en la forma y ámbito que ellos decidan" y plantea que "nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, federación o confederación", lo cual significa que, por ejemplo, los trabajadores de la educación agremiados al SNTE, no podrán ser obligados a formar parte del mismo y tienen el derecho a conformar una nueva organización, por tanto, viene la división y el debilitamiento sindical.
En otro punto de la iniciativa, se plantea que "como norma obligatoria que los estatutos de los sindicatos incluyan como requisito para su aprobación el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto"; además, "el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido, o lesivo al derecho de participación y de votar y ser votado". Al respecto, la democracia sindical no es nueva, al menos para el SNTE. Desde 1956, un grupo de trabajadores del entonces Distrito Federal pugnó por una democracia interna en la Sección IX y el resto de la historia ya lo sabemos. La relación SNTE-Gobierno fue funcional para ambas partes. Por un lado, se consiguió paz y estabilidad política. Por el otro, los obreros mexicanos lograron derechos en su seguridad laboral y social.
En los últimos meses, cuando se creía que los liderazgos vitalicios continuaban con Juan Díaz de la Torre, la sorpresa fue que, anteponiendo el interés colectivo y de la organización, renunció al cargo de presidente y en su lugar quedó Alfonso Cepeda Salas como secretario general, lo cual demuestra la madurez política y la transformación que va marcando el propio sindicato ante los nuevos tiempos.
El tercer punto relevante de la iniciativa señala que las directivas de los sindicatos tienen la "obligación de rendir cuentas a sus afiliados" y prohíbe a los mismos a "participar en esquemas de evasión de contribuciones, incumplimiento de obligaciones patronales y actos de simulación". Se trata, entonces, no sólo una obligación para las organizaciones gremiales sino para toda entidad que reciba recursos públicos.
En suma, la democracia sindical es un derecho de los trabajadores que cualquier país debe mantener. Más aun país como México que enfrenta fuertes presiones de sus principales socios comerciales para elevar el nivel salarial de sus trabajadores, sin embargo, la propuesta de Morena requiere de un debate profundo que no ponga en riesgo el carácter nacional de los sindicatos, porque estaría atentando contra la vida los mismos, lo cual no deben permitir los propios trabajadores.
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@ibanez_martin
