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Marinos toman control de policía en Acapulco

EFE

 AGENCIAS

El puerto turístico de Acapulco se quedó sin policías municipales. Las fuerzas federales y estatales de Guerrero, desarmaron a los agentes bajo sospechas de que los grupos del crimen organizado se han infiltrado en sus filas.

"La decisión obedeció al incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en el municipio y la nula actuación de la policía municipal para enfrentar el fenómeno", ha explicado por escrito el Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y sus homólogos estatales.

La Fiscalía de Guerrero ejecutó dos órdenes de aprehensión a los mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. Luis Fernando "N", El Fénix y Brayan Antonio "N", El Brayan, han sido detenidos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. El director de Tránsito local, Rafael Rivas, también fue aprehendido tras una revisión en la que se constató que tenía armas distintas de las que suelen utilizar los oficiales.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que entre 700 y 800 policías de Acapulco serán desarmados y sometidos a una revisión de sus armas, chalecos balísticos, cartuchos y radios de comunicación. Estos equipos quedarán bajo el resguardo de la policía estatal. El operativo ha comenzado este martes y continuará en los próximos días.

Aunque al cierre del año pasado las autoridades locales presumían que más del 80% de estos agentes municipales habían aprobado los exámenes y contaban con su certificado de confianza, ahora estos elementos volverán a ser sometidos a este tipo de escrutinio.

Acapulco, una de las joyas turísticas del Pacífico mexicano, permanece asediado desde hace varios meses por la violencia y la inseguridad. Las balas han alcanzado a funcionarios, políticos y visitantes. La ciudad se ubicó el año pasado como la tercera violenta del mundo con una tasa de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. La seguridad estará ahora a cargo del Gobierno federal.

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