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Tribunal Electoral revoca resolución sobre criterios 'invasivos' al INE

El Tribunal Electoral federal aprobó, por mayoría, revocar la resolución del INE, mediante la cual esa autoridad administrativa emitió criterios relativos al uso de recursos públicos, informes de labores de servidores públicos y propaganda gubernamental.

Así resolvió el Pleno de la Sala Superior el SUP-RAP-607/2017 y acumulados, promovidos por los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI), así como por diversos actores.

La Sala Superior consideró que dichos criterios invaden atribuciones legislativas federales y, en su caso, locales al regular materias que, por disposición constitucional son de la exclusiva competencia del Congreso de la Unión y de los Congresos estatales.

Concluyó que la resolución impugnada inobserva el principio de reserva de ley al pretender regular materias como la propaganda gubernamental y los informes de labores, en términos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley Electoral.

Asimismo, contraviene el principio de reserva de ley, al establecer tipos administrativos sancionadores que no se encuentran previstos en la legislación aplicable.

También quebranta el principio de subordinación jerárquica, al ampliar o modificar las limitaciones y restricciones establecidas por el legislador respecto de la propaganda gubernamental e informe de labores.

Además, no se justifica que la autoridad nacional electoral pretenda ejercer una atracción de facultades que no están conferidas a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) ni al propio INE.

En este sentido, se señaló que en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho una de las reglas fundamentales consiste en que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les autoriza.

La Sala Superior consideró también que la regulación resulta innecesaria y su revocación en forma alguna puede implicar la permisión de conductas contrarias a los principios y reglas que rigen los procesos comiciales.

Ello, porque existe un amplio entramado de disposiciones constitucionales y legales que establecen limitaciones y restricciones, dirigidos a evitar que los informes de labores, la propaganda gubernamental y el uso de recursos públicos afecten la equidad en la contienda.

De ahí que el Tribunal Electoral federal revocó la resolución impugnada y los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda.

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