Inician los primeros 7 juicios contra operadores de empresas fantasma en Veracruz
La PGR ya consignó cinco casos más ante jueces federales que iniciarán procesos cuando los implicados sean localizados o presentados.
Jueces federales dieron luz verde para iniciar los primeros siete juicios relacionados con el caso de las empresas fantasma que obtuvieron contratos del gobierno de Veracruz, tras considerar que las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son suficientes para presumir que se cometió un delito.
Autoridades del Poder Judicial Federal indicaron a Animal Político que los procesos son en contra de representantes y/o administradores únicos de estas compañías quienes son los que dieron de alta a las empresas ante Hacienda. Los nombres de los implicados se mantienen bajo reserva para no violentar el principio de presunción de inocencia.
Los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales acusaron a estas personas de haber cometido al menos el delito tipificado en el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación que considera que viola la ley el que:
“Rinda con falsedad al Registro Federal de Causantes los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado”.
Esta situación fue corroborada por visitadores del SAT y luego por agentes ministeriales de la Subprocuraduría quienes visitaron los domicilios fiscales de estas empresas en las ciudades de Xalapa y Puerto de Veracruz y confirmaron que las referidas compañías no operan ni han operado nunca en esos sitios.
Los primeros siete juicios iniciados en esta investigación quedaron radicados en el Centro de Justicia Federal de Xalapa, bajo las causas penales número 20/2016, 27/2016, 30/2016, 31/2016, 32/2016, 33/2016 y 34/2016.
Las imputaciones iniciales comenzaron a ser presentadas por la PGR en septiembre y octubre y en todos los casos los jueces de control han determinado dictar los autos de vinculación de proceso.
Los juicios se encuentran ahora en la fase de investigación complementaria, que son periodos de uno a tres meses (con la posibilidad de duplicarse) que los jueces concedieron tanto a la defensa de los imputados como a la PGR parareunir pruebas que complementen su posición previo a la audiencia intermedia en donde se plantearán posibles salidas alternas o continuar con el juicio oral.
Las personas que ya se encuentran procesadas por estos primeros siete casos se presentaron de forma voluntaria a las audiencias donde les notificaron las imputaciones en su contra, luego de que recibieron las órdenes de comparecencia por parte del juez federal en donde se fija fecha y hora para audiencia. Ahí se les advierte que en caso de no presentarse se podrá utilizar la fuerza pública.
Debido a que los implicados en estos casos en específico acudieron por su propio pie a la audiencia los jueces no estimaron necesario imponer alguna medida cautelar. Por ello todos permanecerán en libertad mientras se desarrolle su proceso solo con el requerimiento de estar localizables.
Estos juicios penales y la investigación que dio origen a ellos se desataron luego de un reportaje publicado por Animal Político entre el 24 y 26 de mayo pasados titulado “Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma”.
En dicha investigación periodística se documentó como una red de compañías cuyos domicilios eran falsos, y cuyos accionistas en muchos casos no eran empresarios sino personas de bajos recursos, recibieron múltiples contratos de al menos cuatro dependencias del gobierno de Veracruz a cambio de productos y servicios delos que no hay prueba fehaciente que hayan sido entregados a los beneficiarios.
El gobierno de Javier Duarte otorgó los contratos a las empresas vía adjudicación directa o mediante licitaciones cerradas en donde invitó a “competir” a empresas de la misma red.
Las investigaciones que ha realizado tanto el SAT como el Órgano Fiscalizador del Estado de Veracruz han descubierto que estas facturaron casi mil millones de pesos solo de recursos estatales en las referidas dependencias, pero sus operaciones pueden superar más de tres mil millones de pesos en contratos con múltiples dependencias.
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