Grave que Peña Nieto asuma responsabilidad de Atenco: Especialista
México, DF.- A reserva del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección del 1 de julio, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. José Rosario Marroquín, se dijo preocupado porque el virtual ganador de los comicios presidenciales, Enrique Peña Nieto, haya aceptado su responsabilidad en los crímenes y atropellos a los derechos humanos cometidos contra los habitantes de San Salvador Atenco.
Expuso que el centro de derechos humanos a su cargo, lleva el caso de 11 mujeres que fueron torturadas y violadas sexualmente, luego de la incursión de elementos de la policía estatal en San Salvador Atenco, instruida por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en mayo del 2006.
Rosario Marroquín dijo que están convencidos de que hubo violaciones graves a los derechos humanos en Atenco, pero que el caso empeora, cuando el virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, acepta su responsabilidad y asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el operativo implementado, para después admitir que los magistrados no dieron su aval, sino que sólo deslindaron de responsabilidades al gobierno del Estado de México.
Y aunque el caso ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque en México no hubo posibilidades de hacer justicia tanto a nivel estatal como federal, a la fecha se han topado otra vez con pared, ya que no existe un compromiso real por hacer justicia en este caso.
Reiteró que es grave que EPN inicie su gobierno aceptando su responsabilidad en Atenco y éste caso refleja los intereses de la sociedad mexicana, pues aunque muchos mexicanos cuestionaron su actuar como gobernador del Edomex, para otro gran porcentaje, que presuntamente le dio la victoria en los comicios del 1 de julio, estos atropellos no significaron nada, y no influyeron en los criterios para la elección de un gobernante.
Asimismo agregó que su anuncio de establecer una gendarmería nacional que es básicamente trasladar personal militar a la policía, es una situación que no resolverá el problema de seguridad.
"No es un problema que se deba resolver con la mentalidad de que hay unos malos a los que hay que combatir con unos que son buenos y están armados", afirmó José Rosario Marroquín.
Consideró que esto sólo aumentará el número de efectivos en tareas de combate directo y frontal contra grupos delictivos, propuesta que debe ser rechazada, ya que la guerra contra el crimen organizado no debe resolverse con más contraofensivas.
Además criticó el hecho de que Peña Nieto consultara al ex director de la policía nacional de Colombia Oscar Naranjo como asesor contra el crimen organizado, ya que no es el personaje más indicado, pues aunque logró abatir la violencia en algunos lugares de ese país, los esfuerzos se basaron más en estrategias de creatividad y cultura cívica que en contraofensivas del gobierno.
"Si el gobierno no se transforma, disminuye sus propias fuerzas y no respeta los derechos humanos, la ciudadanía va a seguir pensando que el camino va por ahí y que se está en una guerra en la que todo es valido para poder ganar".
Ese no debe ser el argumento para justificar más armamento y personal, ya que no se considera que la violencia aumenta en comunidades desintegradas, y lugares cuyas aspiraciones han sido trastocadas por este mundo delictivo.
Sin embargo, destacó que hay otros problemas que abonan y fomentan los hechos sangrientos en el país, como la cultura de la violencia en México y el continente, pues de acuerdo con un estudio reciente aplicado en América Latina, éste arrojó que si se trata de cuestiones familiares, los encuestados justificaron pasar por encima de la ley.
"Estamos en una cultura en la que la ley es letra muerta y en esas condiciones no se pueden generar estrategias para el combate de la violencia".(Terra)
Expuso que el centro de derechos humanos a su cargo, lleva el caso de 11 mujeres que fueron torturadas y violadas sexualmente, luego de la incursión de elementos de la policía estatal en San Salvador Atenco, instruida por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en mayo del 2006.
Rosario Marroquín dijo que están convencidos de que hubo violaciones graves a los derechos humanos en Atenco, pero que el caso empeora, cuando el virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, acepta su responsabilidad y asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el operativo implementado, para después admitir que los magistrados no dieron su aval, sino que sólo deslindaron de responsabilidades al gobierno del Estado de México.
Y aunque el caso ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque en México no hubo posibilidades de hacer justicia tanto a nivel estatal como federal, a la fecha se han topado otra vez con pared, ya que no existe un compromiso real por hacer justicia en este caso.
Reiteró que es grave que EPN inicie su gobierno aceptando su responsabilidad en Atenco y éste caso refleja los intereses de la sociedad mexicana, pues aunque muchos mexicanos cuestionaron su actuar como gobernador del Edomex, para otro gran porcentaje, que presuntamente le dio la victoria en los comicios del 1 de julio, estos atropellos no significaron nada, y no influyeron en los criterios para la elección de un gobernante.
Asimismo agregó que su anuncio de establecer una gendarmería nacional que es básicamente trasladar personal militar a la policía, es una situación que no resolverá el problema de seguridad.
"No es un problema que se deba resolver con la mentalidad de que hay unos malos a los que hay que combatir con unos que son buenos y están armados", afirmó José Rosario Marroquín.
Consideró que esto sólo aumentará el número de efectivos en tareas de combate directo y frontal contra grupos delictivos, propuesta que debe ser rechazada, ya que la guerra contra el crimen organizado no debe resolverse con más contraofensivas.
Además criticó el hecho de que Peña Nieto consultara al ex director de la policía nacional de Colombia Oscar Naranjo como asesor contra el crimen organizado, ya que no es el personaje más indicado, pues aunque logró abatir la violencia en algunos lugares de ese país, los esfuerzos se basaron más en estrategias de creatividad y cultura cívica que en contraofensivas del gobierno.
"Si el gobierno no se transforma, disminuye sus propias fuerzas y no respeta los derechos humanos, la ciudadanía va a seguir pensando que el camino va por ahí y que se está en una guerra en la que todo es valido para poder ganar".
Ese no debe ser el argumento para justificar más armamento y personal, ya que no se considera que la violencia aumenta en comunidades desintegradas, y lugares cuyas aspiraciones han sido trastocadas por este mundo delictivo.
Sin embargo, destacó que hay otros problemas que abonan y fomentan los hechos sangrientos en el país, como la cultura de la violencia en México y el continente, pues de acuerdo con un estudio reciente aplicado en América Latina, éste arrojó que si se trata de cuestiones familiares, los encuestados justificaron pasar por encima de la ley.
"Estamos en una cultura en la que la ley es letra muerta y en esas condiciones no se pueden generar estrategias para el combate de la violencia".(Terra)
