Diputados sí pueden ampliar plazo de consejeros y magistrados electorales
*Afirma el jurista Román Ibarra Flores
Ello, luego de que el miércoles el Poder Legislativo omitió emitir la convocatoria para renovar la integración del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) y del Tribunal Electoral del Estado (TEE) como establece la Constitución local, a partir de un acuerdo entre el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y diputados del Congreso local para mantener en el cargo a los actuales funcionarios electorales, con el argumento de aprovechar su experiencia en la organización de elecciones para el proceso electoral de julio del 2012, que será concurrente con la elección federal de presidente, senadores de la república y diputados federales, con la renovación en Guerrero de alcaldes y diputados locales.
Tienen hasta septiembre…
Entrevistado en su despacho, en el centro de Chilpancingo, Román Ibarra señaló que el artículo que pretenden reformar los diputados es el décimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (LIPEG), que establece que “los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, en su caso que sean ratificados por un periodo más, y los designados en el año 2008, durarán en su cargo del 29 de mayo del 2008 al 15 de noviembre del 2011”.
Sin embargo, el jurista afirmó que el Congreso local no tendría mayor problema si consigue reformar este artículo antes del próximo mes, debido a que todas las reformas en materia electoral tienen que aprobarse por lo menos 90 días antes de que inicie el próximo proceso electoral estatal, que en Guerrero inicia en enero.
“Entonces, tienen hasta el último de septiembre, y sí la logran sacar…”.
Señaló también que los diputados no incurren en ninguna irregularidad porque tienen facultad para aprobar este tipo de reformas.
“Sí pueden hacer la reforma a ese artículo décimo transitorio de la última reforma que se hizo a la Constitución política del estado. El asunto es que la saquen antes del último día de septiembre de este año. Si no la sacan se hace especulación. Si ya se propusieron sacar la reforma tienen que sacarla, si no, meten en un problema espantoso a las elecciones del próximo año”, planteó.
Román Ibarra señaló que el Gobierno estatal “hizo sus cuentas” para determinar si le convenía proponer esta reforma al Congreso, aprovechando que tiene “mayoría holgada”, porque más de 30 de 46 diputados están de su lado.
Sobre el argumento que manejan el Gobierno estatal y el Congreso local de aprovechar la experiencia de los actuales magistrados y consejeros electorales para que organicen el proceso electoral del 2012, dijo que “es lo de menos”.
Sin embargo, dijo que “hablando fríamente, el argumento es válido. El asunto debe tener una motivación política, que es el fondo del asunto: no generar más problemas porque escoger, seleccionar a los nuevos magistrados y a los nuevos consejeros generaría un problema entre los partidos que quién sabe qué dimensiones alcanzaría”.
Tampoco observa riesgo de que se interpongan Juicios Electorales Ciudadanos, porque la convocatoria para renovar los órganos electorales no se emitió, el plazo que tenía el Congreso para hacerlo venció este jueves 18 de agosto.
El único riesgo, afirmó Ibarra, es que el tema se politice, y que sea criticado desde el punto de vista ético y moral, que siempre será tema de discusión, “aunque al Derecho no le importa qué diga la moral, al sistema jurídico en lo técnico no le importa lo que diga la moral que no esté contenida en el sistema jurídico”, explicó.
“Todo sistema jurídico tiene un contenido moral, lo que pasa es que hay reglas que siempre quedan fuera del ámbito jurídico. Y por eso los que critican las medidas del gobierno siempre lo hacen en un basamento moral, a partir de lo que debe ser y que el gobierno no cumple, pero jurídicamente no hay ningún problema”, subrayó.
Riesgo de cúmulo de JEC
Pero una fuente del Tribunal Superior de Justicia, que pidió omitir su nombre, señaló que no es adecuado el procedimiento realizado por parte de los diputados, porque en cuanto se concrete ese “albazo”, los ciudadanos que estaban interesados en participar en el proceso de selección para nombrar a los nuevos consejeros y magistrados electorales, estarán en todo el derecho de recurrir al Juicio Electoral Ciudadano en contra de esta irregularidad.
“Con esta situación, los diputados están coartando los derechos político-electorales de éstos ciudadanos, que quizá se estaban preparando para buscar ocupar un sitio en los órganos electorales”, dijo la misma fuente.
