Visos de impunidad para Zeferino pese a corrupción de su gobierno
*En Chiapas, un gobernador perredista finca responsabilidades contra su antecesor, del mismo partido
*En Guerrero, Aguirre cambia de discurso sobre irregularidades financieras heredadas de Torreblanca
Agencia SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 12 de junio de 2011.-“Si las barbas de tu vecino ves cortar, las tuyas pon a remojar”, es lo que debería estar pensando el ex gobernador de Guerrero, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, al observar la detención del ex mandatario de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), el martes 7 de junio acusado de actos de corrupción en su gobierno, pues el ex mandatario de origen jalisciense no culminó su administración (2005-2011) con resultados dignos de presumir a los guerrerenses como lo hizo cuando fue alcalde de Acapulco.
Sobre él y sus colaboradores pesan acusaciones de presuntos desvíos millonarios, principalmente en áreas claves del Gobierno, como Salud, Educación y Finanzas, de las que hasta ahora ningún representante del primer gobierno de alternancia ha salido a responder.
El caso de Chiapas y Pablo Salazar es emblemático. Si bien llegó a la gubernatura postulado por una alianza entre el PAN y el PRD, no deja de asombrar que su sucesor, Jaime Sabines Guerrero, emanado del PRD –aunque antes haya renunciado al PRI- haya avalado la detención del ex mandatario, acusado de desviar recursos millonarios.
El caso Salazar
El martes, elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, en coordinación con elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo, detuvieron a Salazar en el Aeropuerto Internacional del Cancún y lo trasladaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El Ministerio Público presentó pruebas fehacientes que acreditan que Salazar Mendiguchía, conjuntamente con diversos servidores públicos de su administración, desvió recursos gubernamentales por 104 millones de pesos.
Expuso que a través de una aseguradora, contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2 que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia "dotal" y cobertura por gastos funerarios por el periodo del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006; es decir, un día antes de terminar su administración estatal, precisó.
Cloaca zeferinista
Pero en Guerrero, donde parece ser que no pasa nada, los funcionarios del recién estrenado gobierno aguirrista, salen ante los medios de comunicación a declarar que el gobierno anterior, de Torreblanca Galindo, les heredó una administración financieramente destrozada, pero hasta ahí, sin acciones legales, por lo menos hasta ahora.
Por ejemplo, el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva, uno de los más cercanos al gobernador Aguirre, y quien junto a sus hermanos controla gran parte de los cargos en el gabinete, ha señalado que el gobierno zeferinista heredó a la nueva administración estatal un adeudo de casi 600 millones de pesos por concepto de descuentos de impuestos o cuotas del ISSSTE a trabajadores de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG).
Con ese motivo, el gobierno federal descontó en abril pasado 190 millones a las participaciones para el estado. Asimismo, el funcionario confirmó que se han detectado anomalías e irregularidades en Salud, Educación y Seguridad Pública.
Dio a conocer que por ese concepto el gobierno estatal debe “aún 386 millones de pesos al ISSSTE, que dejó de pagar la administración pasada a esa institución, faltan 386 millones de pesos por pagar”.
Y el Contralor General del Estado, Julio César Hernández Martínez, confirmó que existe la “presunción de desvío de recursos” en la Secretaría de Finanzas durante la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
Indicó que la dependencia está en la etapa final de la revisión de los procedimientos y los contratos que hizo el pasado gobierno, como renta o adquisición de equipo, además de investigar quiénes son los propietarios de las empresas.
Consultado sobre lo dicho por el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva, que encontró “irregularidades”, el contralor dijo que es “cuestión de días” para informar ante la opinión pública el estado en que fue recibido el gobierno.
Sostuvo que hay “presunción de desvíos de recursos y de incumplimiento de la ley de servidores públicos, de las obligaciones que señala la ley a los servidores públicos, estamos en eso precisamente, con el propósito de dar un informe adecuado, claro, profesional al pueblo de Guerrero”.
Y en Guerrero, ¿cuándo?
Sin embargo, igual que como ocurrió con Torreblanca y su antecesor, el priísta René Juárez Cisneros, que sólo cacareó que aplicaría la ley en los casos de corrupción encontrados, parece que Aguirre seguirá la misma línea.
El mandatario consideró como “una buena señal” de que no se permitirá la impunidad la detención de Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas, pero evadió fijar una postura clara sobre el caso de Zeferino Torreblanca, su antecesor acusado de encabezar un gobierno que dejó más claroscuros que logros por destacar.
El martes, al llegar a las instalaciones del Instituto de Formación y Capacitación Policial (Infocap), se le preguntó si en Guerrero se procederá también en contra del ex gobernador acusado de irregularidades financieras en Educación, Finanzas y Salud.
“Yo digo que hay que tener elementos para poder actuar en consecuencia y no hacer especulaciones. Me parece que lo que sucedió en Chiapas es un buen gesto, una buena señal de que no se permita la impunidad”, pero no quiso profundizar en el tema.
Aunque el 26 de mayo, Aguirre había dicho que no exculparía a su antecesor de las irregularidades financieras detectadas, hasta entonces, solamente en lqs áreas de salud y educación, las dos dependencias que manejan mayor presupuesto en la entidad.
Esa ocasión, en breves declaraciones, Aguirre insistió que dependencias de su gobierno como la Contraloría General, “tendrán que notificar a las instancias correspondientes dado que la mayor parte de los recursos que en este momento se ha estado recibiendo corresponden a la parte federal”.
A pregunta expresa de cuáles eran las dependencias más afectadas, dijo que “de acuerdo con la información que hemos recibido, preliminar desde luego, es la Secretaría de Salud y de Educación básicamente, siempre que hay una revisión tenemos que valorar las consecuencias que en un momento se tienen.
–¿Seguirá exculpando a Zeferino Torreblanca por estas irregularidades?, se le inquirió entonces.
–No, no estamos exculpando a nadie, se va a seguir el procedimiento legal, afirmó.
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