Habrá acciones penales contra funcionarios zeferinistas por desfalco en la SEG

Agencia SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 9 de mayo de 2011.-La titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Silvia Romero Suárez, aseguró que ante las irregularidades financieras y administrativas que se están detectando en la dependencia, hay amplias posibilidades de proceder legalmente en contra de varios funcionarios del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

En una breve entrevista, la funcionaria indicó que desde el inicio del proceso de entrega-recepción entre el gobierno estatal que concluyó el 31 de marzo y el que comenzó el primero de abril, un despacho externo realizar actividades de revisión para establecer puntualmente cómo se entregó el sector educativo, que concentra alrededor del 50 por ciento del presupuesto estatal.

En ese sentido, dijo estar enterada puntualmente de toda la información financiera y administrativa que está encontrando y procesando el despacho externo, aunque no quiso revelar detalles de la misma, bajo el argumento de que el resultado de la revisión será dado a conocer por el titular de la Contraloría General del Gobierno estatal, Julio Cesar Hernández Martínez, cuando el informe esté completo.

Aunque no lo admitió, Romero Suárez tampoco negó algunas filtraciones que apuntan hacia un déficit heredado por más de 4 mil millones de pesos heredado por el ex titular de la SEG; José Luis González de la Vega, así como irregularidades administrativas entre las que se encuentra el cobro de dobles plazas.

No obstante, indicó que la próxima semana se conocerá a través de la Contraloría General el estado real en que la administración anterior entregó la SEG al gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Incluso, dijo la secretaria, ese mismo día -del que no precisó fecha- podría darse a conocer el estado que guarda la Secretaría de Salud estatal (Ss), la segunda dependencia que maneja parte importante del presupuesto, y donde también se han reportado varias anomalías.

La funcionaria no descartó la posibilidad de que se interpongan denuncias penales en contra de quienes formaron parte de la estructura de mando y administrativa en la SEG durante la administración zeferinista.

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