Funcionarios zeferinistas buscarán promover juicios laborales

*La mayoría no ha presentado su renuncia aún con la exigencia de sus superiores

Agencia SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 23 de marzo de 2011.-No todos los directores de áreas gubernamentales del Poder Ejecutivo, coordinadores y jefes de departamento que llegaron a la administración estatal con Zeferino Torreblanca Galindo, han presentado sus correspondientes renuncias al cargo, y el hecho lo demuestra la exigencia reiterada que están haciendo secretarios de Despacho a sus colaboradores para que cumplan con esa instrucción que debió haber quedado subsanada desde el mes pasado.

Con esa estrategia de dilación, un número importante de colaboradores de primer nivel de Torreblanca Galindo pretende llegar hasta la etapa del despido para estar en aptitud de promover juicios laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y con ello aumentar exorbitantemente el monto de los laudos que deberá pagar el gobierno de Angel Aguirre Rivero por herencia de Torreblanca Galindo.

Incluso, en oficinas del Poder Ejecutivo arreció la demanda de firmas de jefes a sus subordinados, a efecto de que sean los burócratas quienes hagan presión para que directores, coordinadores y jefes de departamento se mantengan en los cargos.

Cabe señalar que de acuerdo a informes en poder de la Agencia SINCOMPU proporcionados por personal adscrito en el área jurídica de la administración pública estatal, el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo heredará a Ángel Aguirre Rivero el pago de un laudo acumulado por más de 500 millones de pesos, cuyos beneficiados, en este caso, son ex burócratas que despidió el fallecido director de Personal del gobierno del estado, José Luis Zuzuarregui Soberanis,  supuestamente para adelgazar la nómina.

Además, empleados del área jurídica del gobierno del estado dieron a conocer que para resolver las demandas laborales, el gobierno de Zeferino Torreblanca contrató un despacho jurídico externo con residencia en Acapulco, por cuyos servicios cobraba la cantidad de 50 mil pesos mensuales, pero el trabajo lo realizaron los abogados del área jurídica de la administración pública estatal.

Lo grave de esta situación, es que el despacho contratado se desobligó de los juicios y en muchos casos se vencieron los tiempos procesales, situación que benefició a los ex trabajadores quienes desde hace tiempo ganaron los pleitos laborales, pero el gobierno del estado se ha negado a pagar los laudos alargando los litigios a través de argucias jurídicas, con la clara intención de que los pagos sean efectuados por el próximo gobierno estatal.

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