Deja el Congreso local desprotegidos a burócratas de confianza

*No podrán demandar a los gobiernos municipales ni al estatal cuando sean despedidos

Agencia SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 16 de marzo de 2011.-El Congreso local homologó leyes relacionadas con la prestación de servicios de servidores públicos para evitar que personal de confianza interponga juicios laborales al término de las administraciones de los gobiernos del estado y de los municipios, que al paso del tiempo degeneran en el pago de muchos millones de pesos para saldar laudos ordenados por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Lo anterior obedece a los múltiples juicios laborales que enfrentan los 81 ayuntamientos y el propio gobierno del estado que por concepto de laudos están obligados a pagar más de mil 300 millones de pesos a ex trabajadores que despidieron injustificadamente.

El diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Jorge Salgado Parra, señaló que la Ley del Trabajo federal ya establece en sus ordenamientos que no proceden demandas laborales presentadas por personal de confianza que concluyeron sus servicios en oficinas públicas, y la idea fue homologar la ley local con la federal para tener los mismos efectos.

Cabe señalar que tan solo el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo heredará al gobernador Ángel Aguirre Rivero el pago de laudos por un monto superior a los 200 millones de pesos por los despidos que aplicó al inicio de su sexenio que degeneraron en la presentación de demandas laborales ante Conciliación y Arbitraje, en tanto que los 81 ayuntamientos están emplazados a pagar más de 800 millones de pesos por el mismo concepto.

La iniciativa de ley aprobada por los diputados tiene como propósito el que los empleados de confianza no puedan demandar al gobierno del estado ni al de los municipios cuando concluyan sus servicios en las oficinas públicas.

Destacó que es grave este problema que enfrentan particularmente los ayuntamientos porque la mayor parte de los presupuestos que ejercen se destinan para el gasto corriente, para el pago de laudos y para subsidiar el programa de Fertilizante y no les quedan recursos para hacer obra pública.

Recordó que por esa situación el año pasado los 81 ayuntamientos se vieron obligados a hacer uso de la línea de crédito que otorgo el Banco Nacional de Obras y Servicios para obra pública, préstamo que les será descontados de las participaciones federales que reciban en este ejercicio fiscal.

Dijo que hasta donde tiene conocimiento, el gobernador Zeferino Torreblanca ya solicitó sus correspondientes renuncias a sus secretarios de despacho, subsecretarios, directores y jefes de departamento del gobierno del estado precisamente para evitar que la sustitución de estos degenere en demandas laborales.

“El gobernador ya dijo que cuando se vaya ya pidió la renuncia de sus colaboradores, y se tiene la voluntad de que eso suceda por lo que esperamos que el primero de abril el gobernador Ángel Aguirre Rivero tenga esos espacios libres para nombrar a su gente y que se hagan cargo de las distintas áreas de gobierno”.

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