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Que Aguirre investigue a Zeferino por crimen de Chavarría, piden familiares


Agencia SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 29 de marzo de 2011.-La familia del malogrado perredista Armando Chavarría Barrera pidió al gobierno entrante de Ángel Aguirre Rivero, que se le investigue al todavía gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “por negligencia o complicidad” del crimen de quien fuera el presidente de la Comisión Gobierno, toda vez que no tuvo voluntad de resolver el crimen perpetrado el 20 de agosto del 2009.

Después de que este lunes diversos medios impresos revelaron que el gobierno zeferinista pretende manipular el Caso Chavarría mediante la presentación de cinco chivos expiatorios como responsables del asesinato, la familia Chavarría convocó a una conferencia de prensa para fijar una postura al respecto.

A 576 días del crimen, la hermana del diputado asesinado, Mirna Chavarría Barrera, informó que harán lo que sea necesario para lograr que se investigue al gobernador saliente, Zeferino Torreblanca, a quien acusó directamente de estar tras el crimen.

Por ello, pidió públicamente que el gobernador entrante, Ángel Aguirre Rivero,  muestre solidaridad con la familia Chavarría Barrrera para que se esclarezca el caso, e inicie una investigación contra Torreblanca.

Y es que Mirna Chavarría afirma que desde que fue asesinado su hermano, la familia ha sentido “la burla” del gobernador, además de que manifiesta su oposición a que se resuelva el caso, porque ha cometido o instruido un sinnúmero de atropellos y obstáculos a las supuestas investigaciones.

Al respecto, Martha Obeso viudad de Chavarría, acusó al gobernador saliente de actuar con simulación y perversidad, porque el crimen de su esposo permanece en la impunidad, a pesar de que se cometió hace poco más de año y medio.

“Este gobernador, más que aclarar (el caso), hizo todo lo posible por alterar la escena del crimen, y al no cumplir su obligación se convirtió en el principal encubridor”, acusó Obeso.

También denunció que ninguno de los titulares de la Procuraduría de Justicia mostró verdadero interés en resolver el caso.
“Eduardo Murueta, ni siquiera tuvo el gesto de hacerme una llamada telefónica cuando ocurrió el asesinato y con Albertico Guinto fue cuando se incrementaron las amenazas y las insidias para que abandonáramos el reclamo de justicia”, recordó.

Agregó que le provocan un dejo de sospecha las declaraciones que ha hecho el gobernador Torreblanca de que hay avances del crimen, pero exigió que no haya chivos expiatorios, como se divulgó este martes, “si tienen algo que decir, que lo digan ya”.

Ello, porque de acuerdo con la versión difundida ampliamente este martes, el gobierno estatal pretende inculpar a cinco presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) del crimen de Chavarría, para dar por cerrado el caso y terminar con las presiones políticas y sociales que ha acumulado en su contra.

Martha Obeso dijo que eso es algo inverosímil, “sabemos que este tipo de organizaciones armadas lo primero que hacen es reivindicar los actos que realizan, y  en el caso de Armando no pasó, por el contrario, hicieron público que no tuvieron nada que ver en el crimen”.

Añadió que no sería la primera vez que el gobierno pretende crear un chivo expiatorio, como cuando en un inicio se intentó involucrar a José Higuera Fuentes, amigo de Chavarría, como “sospechoso” del magnicidio, o la ocasión en que se difundió una lista de 60 mujeres que supuestamente mantuvieron relaciones sentimentales con el legislador, para “enlodar” su memoria.