Vigilaran diputados a la AGE para que no sea un órgano de presión política
Marcial Campuzano-SINCOMPU-Acapulco, Gro. 9 de enero de 2011.- La Comisión de Vigilancia y Evaluación del Congreso local establecerá una estricta vigilancia para que la AGE no sea utilizada como un órgano para ejercer presión, ni para que politice la fiscalización de los recursos públicos que ejercen los 81 ayuntamientos del estado y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dijo su presidenta Guadalupe Gómez Maganda.
Asimismo, la legisladora priísta informó que aún no se ha definido en qué proporción disminuirán los montos de las fianzas de fidelidad que por ley están obligados a entregar los 81 ayuntamientos del estado y los tres poderes públicos, para proteger los presupuestos que ejercerán en este año de robo, fraudes, peculados y abusos de confianza.
Guadalupe Gómez Maganda informó que desde un principio cuando participó como aspirante a dirigir los destinos de la AGE , se le planteó a Arturo Latabán que no politice la fiscalización de los recursos públicos.
“Se le dio la instrucción de que trabaje con estricto apego a la ley, sin estar sujeto a ninguna ideología o de pertenencia a algún partido político, y que los entes fiscalizables que tengan que rendir cuentas lo hagan en el marco de la ley”.
En cuanto a la fianza de fidelidad, Gómez Maganda informó que el nuevo titular de la Auditoría General
Recordó que el año pasado sólo cumplió con el pago de las fianza el 80 por ciento de los 81 presidentes municipales, toda vez que hubo alcaldes que consideraron muy elevado los montos, y prefirieron confiar en sus funcionarios e invertir el dinero en obra pública que pagarlo a fondo perdido a alguna empresa de seguros o afianzadoras.
Por ejemplo en Chilpancingo las autoridades municipales se inconformaron porque para asegurar una pequeña parte del presupuesto debió pagar un seguro de casi 800 mil pesos, y lo mismo ocurrió con otros ayuntamientos.
Los lineamientos aplicados el año pasado establecen que los montos de las fianzas de fidelidad deben ser el equivalente al 4 por ciento de los presupuestos que ejercieron los ayuntamientos y los tres poderes públicos para proteger una parte del presupuesto de robo, peculado, fraudes y abuso de confianza.
Hay una propuesta que presentó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, en el sentido de que el monto de las fianzas sea el uno por ciento de los presupuestos, pero se desconoce si el nuevo auditor la tomará en cuenta o presentará otra alternativa.
Gómez Maganda informó que la comisión que encabeza solicitó al ex auditor estatal que revisara los criterios para que disminuyan los montos de las fianzas para ciertos municipios, “la idea es que se establezca una especie de tarifa de acuerdo a los recursos que ejerza cada municipio y que no sea un porcentaje fijo”.