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Quien no funcione será despedido de la AGE: Arturo Lataban

Marcial Campuzano-SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 6 de enero de 2011.-La nueva administración de la Auditoría General del Estado (AGE) realiza un proceso de evaluación y valoración del personal en el desempeño de sus actividades, y quien no funcione será despedido. Además revisa los procedimientos penales y de embargos iniciados ante la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Finanzas y del gobierno del estado, en contra de ex presidentes municipales que no han comprobado ni devuelto recursos públicos ejercidos, con el propósito de darle seguimiento hasta donde tenga alcance la aplicación de la ley.
Además, el órgano de fiscalización prepara un informe global del estado que guarda la AGE que en un término de 90 días será entregado a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado que preside la diputada priísta Guadalupe Gómez Maganda, en el que dará a conocer qué fue lo que entregó el ex auditor Ignacio Rendón Romero en materia de fiscalización, bienes patrimoniales y recursos financieros.
El titular de la AGE, Arturo Latabán López dijo que en una primera reunión que sostuvo con su personal, fue delineada la política de trabajo y administrativa a seguir, que cumplan con los principios y ética profesional al que está obligado todo servidor público, y seguir impulsando la transparencia y la rendición de cuentas.
Dio a conocer que su nueva administración “revisa los perfiles de todos y cada uno de los trabajadores que desempeñan sus labores al interior de la Auditoría General del Estado, para hacer un rediseño administrativo a fin de que haya una mejor conducción de los procesos que genere y hace la Auditoría General del Estado”.
Arturo Latabán asumió el compromiso de que la AGE no politizará ningún proceso que la Auditoría General del Estado realiza desde la fiscalización hasta los posibles procesos de responsabilidad administrativa que haya, incluyendo las denuncias penales que hay en contra de ex presidentes municipales y funcionarios por supuestos malos manejos de recursos públicos.
“Estamos en esta primera etapa de revisión y análisis del estado que guarda la Auditoría General del Estado, con un firme compromiso de que en 90 días vamos a dar a conocer a la Comisión de Evaluación y Vigilancia, un informe detallado de la situación que guarda la Auditoría General del Estado hasta antes de mi llegada”, agregó.
En relación a la no comprobación de más de mil 500 millones de pesos por ex alcaldes que datan de los periodos de gobierno 2003-2005 y 2005-2008, como en reiteradas ocasiones lo ha dado a conocer el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Carlos Alvarez, el titular de la AGE dijo que están en pláticas con diputados que presiden comisiones legislativas, “para detallar mecanismos, estrategias, homologar criterios y definir algunos criterios que la Auditoría venía implementando, y otros de la nueva administración para agilizar los procesos.
Además, dio a conocer que la nueva administración de la AGE revisa minuciosamente los 34 procesos penales que el ex auditor Ignacio Rendón Romero presentó ante la Procuraduría de Justicia del Estado, en contra del mismo número de ex alcaldes que no han entregado la totalidad de las cuentas públicas, y por ende no han comprobado la totalidad de los presupuestos que ejercieron.
“Les vamos a dar seguimiento a todos esos asuntos, tengo en mi agenda ponerme en contacto con el procurador de justicia David Sotelo Rosas para conocer el estatus que guardan estos asuntos dentro de la Procuraduría, con la aclaración de que seremos muy respetuosos de la ley, y vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar”, sentenció.
Asimismo, señaló que la AGE dará seguimiento a procesos de embargos de bienes que también el ex auditor Ignacio Rendón Romero inició en contra de ex presidentes municipales que no han reintegrado recursos públicos, con la aclaración de que estos procedimientos los lleva a cabo la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.
“Ya tuvimos un primer acercamiento con el secretario de Finanzas Ricardo Cabrera Morín, estamos estableciendo las relaciones cordiales de trabajo, en el que hablamos de algunos temas como las sanciones que aplica la AGE que son pagadas ante la Secretaría de Finanzas, y buscar la transferencia de esos recursos para un mejor manejo de la Auditoría General del Estado”.
También serán revisados los procedimientos de revocación de mandato que el ex auditor promovió en contra de 17 actuales alcaldes que no entregaron en tiempo y forma la cuenta pública anual 2009.
El nuevo titular del área jurídica de la AGE está haciendo un balance de todos los procesos, “de cómo se llevaban, en qué condiciones están para tomar la mejor decisión y no afectar los derechos de ningún servidor público”.