La Coddehum-Guerrero a favor de que militares sean procesados por autoridades civiles
Marcial Campuzano-SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 3 de enero de 2011.-El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM), Juan Alarcón Hernández, se pronunció porque sea acotado el fuero militar para que los militares que cometan delitos contra civiles sean procesados y juzgados por autoridades civiles, y demandó al Estado Mexicano que cumpla la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la desaparición de Rosendo Radilla.
El ombudsman guerrerense manifestó que los organismos civiles y las comisiones de derechos humanos autónomas deben luchar “para que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumpla en todos sus puntos, que son básicamente el acotamiento del fuero militar, y que se lleve a cabo la búsqueda y presentación de Rosendo Radilla vivo o muerto”.
Recordó que desde hace años Tita Radilla incansablemente ha estado luchando para que se de a conocer el paradero de Rosendo Radilla, quien es uno de los desaparecidos de la llamada guerra sucia que se dio en Guerrero en las décadas de los sesentas y los setentas.
“Tita Radilla ha dado una gran batalla en este compromiso de localizar los restos de don Rosendo Radilla”, agregó el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
¿Deben ser juzgados y procesados por autoridades civiles los militares que atenten contra civiles?
--Esto debe ser una práctica ya, y si no se hace aquí deben intervenir los organismos internacionales, tenemos la Corte Penal Internacional y lógicamente pensamos que ya establecida la Corte Penal Internacional hasta allá pueden llegar casos de hechos delictuosos de lesa humanidad que han cometido miembros del Ejército Mexicano o cuerpos de seguridad.
Aseguró que el estado de Guerrero no escapa de hechos de lesa humanidad cometidos por miembros del Ejército Mexicano, y aclaró que la masacre de campesinos ocurrida en las comunidades de El Charco de Ayutla, y Aguas Blancas de Coyuca de Benítez, no pueden ser investigados por la Corte Penal Internacional “porque fueron hechos posteriores a la creación de ese organismo internacional”.
“Todo lo que ocurra a partir de la creación, eso sí pueden ser sometidos a la Corte Penal Internacional”, explicó el ombudsman guerrerense.
Alarcón Hernández recordó que en el estado de Guerrero son muchas las denuncias presentadas por civiles por presuntos atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos por efectivos del Ejército Mexicano con motivo del clima de inseguridad que prevalece en distintos puntos del estado.
Para Juan Alarcón Hernández el acotamiento del fuero militar debe ir más allá, y que la ley permita que los soldados que atenten contra civiles sean procesados y juzgados por autoridades civiles para garantizar que efectivamente habrá un castigo por la o las faltas cometidas.
