Heredará Zeferino al próximo gobernador deuda pública de más de 2 mil 269 millones de pesos
SINCOMPU-Chilpancingo, Gro. 29 de noviembre de 2010.-El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, entregará una administración estatal con un adeudo de poco más de 2 mil 269 millones de pesos de deuda pública que sostiene el gobierno con diferentes instituciones bancarias.
Lo anterior fue notificado al Congreso local en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011, que el ejecutivo estatal envío al poder legislativo, donde también se contempla la necesidad de contratar una deuda por la cantidad de 880 millones de pesos, que según será destinado para inversión en infraestructura productiva que promueva el desarrollo estatal, aun que en una entrevista concedida a los medios de comunicación el gobernador había anunciado que dicho préstamos sería para el pago de aguinaldos de los maestros.
Así mismo, el gobierno del estado en su presupuesto de egresos 2011 que asciende a 36 mil 877 millones 691 mil 500 pesos, cifra que representa un 9.2 por ciento más en relación con el ejercicio 2010, propone un requerimiento financiero para pagar los intereses de la deuda pública estatal que asciende a 596 millones 311 mil 900 pesos.
El documento detalla, que la presente administración heredó de los gobiernos priístas una deuda pública inscrita ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público por 2 mil 96 millones 360 mil pesos, la cual se encontraba contratada en condiciones desfavorables, debido, entre otras causas, por las elevadas tasas de interés de TIIE más 3.5 y 5.5 que se pagaban por los créditos bancarios.
En una no clara explicación, el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, justifica que debido a lo anterior la administración se vio en la necesidad de solicitar al cierre del ejercicio fiscal 2009, dos créditos uno con Banamex por 500 millones de pesos y el otro con Santander por 483 millones 807 mil 400 pesos, de fecha 30 de octubre y 03 de diciembre de 2009, respectivamente, para salvaguardar la amortización de los intereses de la deuda pública del estado, dichos créditos a pagarse a un plazo de 15 años.