El aborto, un derecho criminalizado
Fue en 2012 cuando ambos fueron a prisión acusados del delito de aborto: ella por haberse inducido la pérdida del producto y él, señalado por haber comprado las pastillas con las que su pareja se realizó el procedimiento. La detención de ambos ocurrió tres años después de los hechos, según relata en entrevista para EL UNIVERSAL Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de la asociación civil Las Libres de Guanajuato, que dio acompañamiento legal y sicológico a ambos.
De acuerdo con la activista, todo comenzó tras la interrupción del embarazo en 2009, que finalmente requirió atención médica en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la capital del estado.
Tras atender a la mujer (cuya identidad se mantiene en reserva) los médicos dieron parte a la entonces Procuraduría General del Estado de que la paciente había inducido su aborto.
Hoy, a casi 10 años de distancia, la criminalización del derecho a decidir continúa: sólo en cuatro de 32
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