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Propone Morena que Ejecutivo pueda decretar creación de comisiones

La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados analizará la iniciativa que impulsa Morena para otorgar facultades al Ejecutivo federal que le permitan decretar la creación de comisiones consultivas y presidenciales.

La diputada morenista Rocío Barrera dijo que esta iniciativa nace a partir del compromiso que hizo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, de crear una Comisión de la Verdad que investigue los hechos.

Para ello se requiere de un apoyo legal sólido que permita abrir las puertas del país a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, así como a especialistas nacionales, que ayuden a clarificar esos hechos y a orientar las investigaciones, agregó.

“Con esta reforma vamos a sumar la participación de la ciudadanía de manera trascendental y vamos a incluir a los más destacados especialistas y órganos internacionales en la investigación y en la solución de los temas de mayor repercusión social, y los que han cimbrado en forma irreparable a cientos de familias”, dijo.

Con esta reforma, aseguró, se da trato serio y respetuoso que merecen los retos de mayor urgencia y trascendencia que demanda la sociedad.

Asimismo, señaló que esta iniciativa de manera concreta plantea la consideración de dos nuevos conceptos: las comisiones consultivas y las comisiones presidenciales.

“Con las comisiones consultivas le abriremos la puerta a la participación ciudadana como un mecanismo para empoderar a la sociedad y que su injerencia ratifique el cumplimiento de los compromisos que Morena planteó a lo largo de este proceso”, subrayó tras mencionar que este nuevo gobierno combatirá la impunidad y la corrupción en todas sus formas y modalidades.

Al presentar la iniciativa, Barrera Badillo explicó que el objetivo de la propuesta es introducir al sistema político mexicano una herramienta que permita al Ejecutivo federal asumir una posición de jefe de Estado, mediante el diseño de estrategias nacionales que trasciendan a los partidos, posiciones políticas, ideologías y a los propios poderes públicos.

De acuerdo con el documento, serán las comisiones presidenciales las que atiendan los grandes problemas nacionales y emitan opiniones para que el Ejecutivo resuelva.

“Las grandes crisis no deben tomarse a la ligera, ni depender de un solo hombre. El presidente de la República tiene derecho a solicitar ayuda y los mexicanos tenemos derecho a que esa ayuda sea la mejor calificada”, subrayó.

Con esta iniciativa se establecen las reglas específicas para conformar las comisiones, de tal suerte que se circunscriban a parámetros y no dependan del arbitrio del titular en turno del Poder Ejecutivo, sino que sea una decisión respaldada legalmente.

Se especifica además que las comisiones intersecretariales seguirán siendo aquellas que se conforman con dependencias y entidades de la propia Administración Pública Federal y se encuentran previstas en el Artículo 21 de la Ley Orgánica vigente.

Las consultivas serán aquellas que el titular del Ejecutivo integre con miembros de la sociedad civil, ya sean académicos o especialistas en un tema determinado, y tendrán un objeto de consulta establecido en su decreto de creación.

La incorporación de esas comisiones buscar formalizar y transparentar las consultas que el titular del Ejecutivo y sus dependencias realizan actualmente con personajes de la sociedad civil.

En tanto, las comisiones presidenciales serán aquellas que integren los esfuerzos de la sociedad civil y el sector público, que permita la participación de diversos poderes y órdenes de gobierno, así como de organizaciones internacionales, con la finalidad de atender con la visión más amplia, un problema o situación de importancia nacional.

Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el presidente de la República en turno.

Asimismo, se establece que el cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada.

La propuesta no merma las facultades presidenciales, sino por el contrario, las fortalece en el ámbito de su función como jefe de Estado y en beneficio de sus responsabilidades como jefe de gobierno.

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