Políticos, en la mira de criminales

El Siglo de Torreón-AEE

Hasta el pasado 10 mayo, 94 políticos habían sido asesinados en México, y de éstos 36 eran candidatos o precandidatos, de acuerdo con el último reporte elaborado por la consultora Etellekt.

De ese número, anota el informe, 80 se desempeñaban en el ámbito municipal. "Ahí es donde se está concentrando la violencia, es el eslabón más débil de todo el aparato institucional", dijo Rubén Salazar, director de Etellekt.

Tiene razón. Después de que Etellekt dio a conocer su reporte, hubo 4 asesinatos más de políticos municipales en una sola semana: 3 en Chihuahua y uno en Guanajuato, sin contar los secuestros y las agresiones.

"Es un tema muy delicado para la gobernabilidad del país, que enrarece el clima electoral", afirma Enrique Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

Esta situación de violencia ya tiene consecuencias para las elecciones. Al menos 1,000 candidatos federales y locales han renunciado a sus aspiraciones, entre otras razones, por temor a la violencia, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral.

De ese número 341 son candidatos federales que contendían por un lugar en el Senado o la Cámara de Diputados, o sus suplentes en la fórmula. Es decir, aquellos que ocuparían su lugar en caso de renuncia o licencia.

De las 341 renuncias, 158 corresponden a suplentes y 183 a candidatos propietarios, lo que ha obligado a los partidos políticos a solicitar sus sustituciones ante el INE. De las 32 entidades del país, 4 concentran los más altos números de sustituciones y en conjunto suman 635 bajas. Estos son Oaxaca con 306, Estado de México con 225, Chihuahua con 80 y Guerrero con 24.

En su cuarto informe de violencia política, la consultora Etellekt suma un total de 305 agresiones contra políticos en el país. Esta cifra, que incluye asesinatos y secuestros, revela un dato particular y poco difundido: que en 72% de esos casos la violencia está dirigida contra políticos de oposición, en relación con los partidos que gobiernan.

"Es un problema de carácter autoritario: anular al opositor", dijo Salazar, quien advirtió que la violencia afecta a 222 municipios de 30 entidades del país, donde los criminales están afectando la normalidad del proceso democrática.

El riesgo es pensar que en algunas localidades se instalan gobiernos no a través del voto, sino de la intimidación y la violencia. Salazar informó que más de la mitad de los 94 asesinatos (65%) fueron ejecuciones realizadas por comandos. "Es un dato alarmante", dijo.

La más reciente víctima fue José Remedios Aguirre Sánchez, candidato a alcalde en Apaseo, Guanajuato, por Morena. A él lo asesinaron a balazos mientras se encontraba en un parque con otra persona. Después de este hecho, todos los candidatos de este partido suspendieron sus giras por el estado.

Unos días antes, el 8 de mayo, en Guerrero, también fue ejecutado Abel Montúfar Mendoza, candidato a diputado local por el PRD y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán.

Su cuerpo fue hallado el martes en la tarde en el asiento trasero de su camioneta Frontier, en el bulevar Altamirano-Coyuca de Catalán. Tenía visibles huellas de tortura y disparos en diferentes partes del cuerpo.

El fin de semana anterior, en Chihuahua, tres políticos también fueron asesinados: un candidato a alcalde, una candidata a regidora municipal y el líder local de un partido político.

A ella la secuestró un comando, la asesinó y abandonó su cuerpo en un arroyo del municipio de Ignacio Zaragoza, donde también los hombres armados quemaron las casas del presidente local del PRD, Octavio Martínez, y de su candidato a alcalde en ese mismo municipio, Felipe Mendoza. Ellos salvaron la vida, pero al día siguiente huyeron de la localidad con sus familias.

La presión de los grupos de delincuencia organizada sobre las autoridades municipales es un hecho, afirma Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencia Penales (Inacipe).

"Tiene coptado un mercado en diversas regiones del país, y evidentemente lo protegen de sus grupos rivales y mediante el apoyo -obligado o no- de autoridades de cualquier orden", explica.

La situación puede ser peor en los contextos electorales, afirma, porque generan incertidumbre incluso entre la delincuencia organizada. "Estos grupos también están interesados en saber quién puede ganar para conocer sus posibilidades", dice Barrón.

Si está en riesgo su influencia en los territorios donde operan, advierte el especialista, estos grupos recurren actos de violencia como los asesinatos. "Ya sea de funcionarios que al hacer bien su trabajo significan un riesgo, o de aquellos que colaboran con grupos rivales", dice.

 GUERRERO, LA ALERTA ENCENDIDA

Con el asesinado de Abel Montúfar Mendoza, sólo en ese estado, ya suman 27 los políticos asesinados durante el periodo electoral, el más violento en su historia, según los líderes de los partidos en el estado.

Después de este asesinato, el consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero informó que hasta la segunda semana de mayo había aprobado 24 renuncias de candidatos propietarios y suplentes a diputados locales, y todavía le faltaban por analizar 90 solicitudes de sustitución para los ayuntamientos.

Al respecto, el presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta reveló que entre las solicitudes de sustituciones hay aspirantes a presidentes municipales, síndicos y regidores de todos los partidos.

El presidente estatal del conservador PAN, Marco Antonio Maganda, aseguró que el reciente asesinato de Montúfar pone en claro que en Guerrero hay un total descontrol en materia de combate a la delincuencia organizada.

Luis Walton Aburto, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que ninguno de los casos de violencia contra candidatos y aspirantes se ha resuelto y calificó como "grave" el problema de la inseguridad.

Por esa razón, desde este fin de semana que arrancaron formalmente las campañas, los candidatos de zonas de alto riesgo, como el municipio de Chilapa, llevan seguridad.

Pero Guerrero o Chihuahua no son los únicos estados donde la violencia se refleja en el número de renuncias.

En Oaxaca el Instituto Estatal Electoral aprobó la sustitución de 289 candidatos a alcaldes y regidores de los ayuntamientos, de Oaxaca 306 que la solicitaron. En el Estado de México suman hasta ahora 225 los candidatos a puestos municipales y diputaciones locales que solicitaron la baja de su registro, aunque las autoridades electorales sólo han aprobado 54 sustituciones.

Salazar, de Etellekt, advirtió que la situación evidencia la necesidad de reforzar todos los aspectos de seguridad personal de los candidatos.

En el INE establece que sólo se brinde seguridad a candidatos registrados, más no a precandidatos. Tal vez por eso 60% de actos violentos contra políticos ocurrieron precisamente en los periodos de precampaña e intercampaña, de acuerdo con las estadísticas de Etellekt.

Ahora, la seguridad de los candidatos a gobernadores, diputados locales y alcaldes corre a cargo de las policías estatales, mientras la Policía Federal apoya a los candidatos a diputados federales y senadores y para los candidatos presidenciales está el Estado Mayor Presidencial.

Por ahora, en Guerrero todos esperan que la presencia de 2,000 policías federales que reforzaron la seguridad garantice las campañas y la integridad de los candidatos.

Efe

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