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Fuerza excesiva y omisiones de Semar en muerte de familia: ONU

Ataque a Marina en Tamaulipas también causó muerte de familia

Fuerza excesiva y omisiones de Semar en muerte de familia: ONU. Foto: Bajo palabra

La Semar habría violado los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego”, de la ONU, en el caso de cuatro miembros de una familia muertos por disparos de marinos en una balcera con presuntos criminales en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Así lo manifestó este martes la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y señaló que al no informar públicamente sobre los civiles fallecidos en el enfrentamiento, la Secretaría de la Marina (Semar) también podría haber omitido su deber de notificar a las autoridades competentes, como lo establecen dicho principios.

Y es que, el pasado 26 de marzo, tras repeler tres ataques de presuntos integrantes del crimen organizado en la ciudad fronteriza, la dependencia sólo reportó las muertes de un elemento y tres agresores, pero no las de dos menores y sus dos padres, quienes recibieron disparos desde un helicóptero de la Marina cuando pasaban en su vehículo por la calle Luis Donaldo Colosio.

El origen de los disparos que acabaron con la vida de la familia fue confirmado el viernes pasado por un peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR), pese a que la Semar negó, en un primer momento, que las balas hubieran procedido de su aeronave e incluso afirmó que sólo realizó detonaciones en tierra.

Ante esta situación, la oficina de la ONU-DH advirtió que al negar haber hecho disparos desde un helicóptero y luego atribuirlos al enfrentamiento con presuntos criminales, la Semar también habría actuado en contra de dichos principios, los cuales establecen que las fuerzas castrenses sólo pueden usar armas de fuego cuando sea estrictamente necesario para repeler la agresión sufrida.

Familia tiene derecho a verdad y justicia, exige

Pese a que la Semar aceptó haber realizados los disparos y corrigió su versión preliminar, la organización reprobó que la dependencia haya “querido criminalizar a las víctimas” y exigió que se respete el derecho de los familiares a un proceso judicial que le otorgue verdad, justicia y reparación del daño, lo cual “no se reduce “a una atención médica y una indemnización económica”.

Remarcó que este caso no es el primero en que el uso excesivo de la fuerza acaba con la vida de civiles ajenos al conflicto –lo cual no ha derivado en un “cambio institucional–

Asimismo, lamentó que la califique la muerte de la familia como “hecho circunstancial“, sin ofrecer disculpa alguna a los agraviados.

Por lo anterior, la ONU-DH urgió a la PGR continuar con su investigación del caso, a fin de deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables. Además, llamó a proteger a la familia de los occisos y al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Editado por Luis Alberto Palacios

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