Termina otro año violento para México
Con casi 10 mil ejecuciones, el 2017 cerró como el año más violento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La cifra es 59 por ciento mayor a la de 2016 y duplica la de 2015, según datos del Ejecutómetro de Grupo Reforma.
Los crímenes violentos tuvieron lugar en 655 de los 2 mil 446 municipios del país en 29 estados y la CDMX. Sólo en Yucatán y Campeche no hubo registros.
Los estados que reportaron un incremento crítico de homicidios durante el año pasado fueron Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.
Junto a 340 cuerpos fueron hallados mensajes escritos en cartulinas, lonas, cartones, papeles o en el mismo cuerpo de las víctimas. La mayoría con amenazas, advertencias o exigencias, o con denuncias de colusión entre autoridades y grupos criminales.
Los cuerpos fueron hallados en calles, avenidas, carreteras federales, estatales, caminos vecinales, brechas de terracería, barrancos, terrenos baldíos, ríos, canales, lagos, en domicilios particulares, en plazas públicas, autos, cajuelas, tambos, hieleras, metidos en bolsas de plástico, envueltos en cobijas, colgados de puentes en la vía pública.
Entre los muertos están ocho presidentes municipales en funciones: de Tepexco y Huitzilan, en Puebla; Ixhuatlán de Madero, Veracruz; Ixtlahuacán, Colima; Paracho, Michoacán; San Pedro Pochutla, Oaxaca; Bochil, Chiapas, y apenas este jueves 29, de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero.
También fue asesinado el alcalde electo de Hidalgotitlán, Veracruz.
Otras víctimas de esta violencia fueron 252, policías municipales, estatales, federales, adscritos a las procuradurías o fiscalías de los estados y a la PGR; diez elementos de Sedena, algunos de los cuales no estaban en servicio y 10 integrantes de la Marina armada.
Además de los alcaldes, fueron muertos otras 40 personas involucradas en actividades políticas entre ellos candidatos, exalcaldes, dirigentes partidistas, regidores, síndicos o activistas en organizaciones no gubernamentales.
También periodistas, abogados, albañiles, taxistas, empresarios, trabajadores sexuales, médicos, amas de casa, mineros, pescadores, estudiantes, maestros, taqueros carniceros, comerciantes, vendedores ambulantes, choferes de transporte público, traileros meseros, niños y bebés.
En 95 casos no se pudo determinar o no se informó del sexo de la víctima, la mayoría encontradas en fosas clandestinas en avanzado estado de putrefacción o quemados hasta la cenizas. Se reporta que 771 eran mujeres.
En 880 casos los cuerpos fueron hallados con algún signo de tortura; las manos amarradas, los ojos vendados, con golpes en el cuerpo y en la cara, desollados, sin globos oculares, con alguna o todas la extremidades cercenadas, decapitados o colgados.
Agencia reforma
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