Polémica ley, a la Corte
Tal y como se preveía, no hubo veto. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó ayer la polémica Ley de Seguridad Interior que legaliza y perpetúa la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública; no obstante, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida sobre su constitucionalidad.
"Soy consciente de que este ordenamiento (...) es especialmente sensible para la vida pública del país; por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad", dijo el mandatario.
Durante su mensaje de clausura de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, recordó que "corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuando una norma se apega a la constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos".
Ante miembros de su gabinete, gobernadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil, reconoció que durante la discusión y aprobación de la ley distintas organizaciones, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que, a su criterio, el contenido es inconstitucional.
Expuso sin embargo que, de acuerdo con el marco jurídico, el máximo tribunal del país sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ésta ha sido promulgada, "por tanto, doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley".
Explicó que desde hace más de una década el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear de manera subsidiaria y temporal a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, y "han acudido en apoyo de las entidades federativas por necesidad, han salido a las calles porque las fuerzas policiales locales habían sido rebasadas por el fenómeno delictivo".
La ley regula el papel de los militares en materia de seguridad ante la debilidad de las policías estatales y locales y perpetúa su presencia en las calles en un país con 150,000 muertes y más de 30,000 desaparecidos desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico.
Organizaciones nacionales e internacionales, como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, han cuestionado el contenido de la ley al observar que abre la puerta para violaciones a los Derechos Humanos, además de no fomentar el fortalecimiento de las autoridades civiles, por lo que habían solicitado al presidente Peña Nieto que ejerciera su derecho de veto sobre la ley, lo cual no ocurrió.
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