Señalan disparidad en indagación
ELIA BALTAZAR
El siglo de torreón - agencias aeeA partir de que concluyó el proceso de cambio del modelo mixto al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en todo el país, hay 33 esquemas diversos para la persecución de los delitos, es decir, uno para cada procuraduría o fiscalía del país, además de la PGR.
"El paso de procuradurías a fiscalías en la mitad de los estados y el SJPA han sido insuficientes para transformar el sistema de justicia de forma efectiva", dice el documento "Lineamientos para un modelo homologado de investigación criminal", presentado ayer por las organizaciones civiles México Evalúa y el Centro de Investigación y Desarrollo, AC (Cidac).
Los datos que incluye son reveladores y sostienen la urgencia de revisar con criterios técnicos las tareas de la investigación criminal y el papel que desempeña el Ministerio Público, pues en este momento "estamos en una fase de arbitrariedades y sin ningún tipo de control sobre sus decisiones".
Respecto de los resultados del SJPA durante 2016 destaca, por ejemplo, el rezago. Una de cada dos carpetas de investigación en lo ámbitos de la PGR y las procuradurías y fiscalías locales está pendiente de determinación. De la mitad que sí se determinó, el 30% se va a archivo temporal, 26% corresponde a la decisión de no ejercicio de la acción penal y 24% corresponde a judicialización.
En el ámbito estatal, del 50% de las carpetas que se concluyeron, en 15.3% se determinó el no ejercicio de la acción penal y en 18.2% el archivo temporal.
En el ámbito federal además sólo 0.36% de los asuntos que llegaron a la PGR se resolvieron por mecanismos alternativos de solución de controversias y 0.18% llegó a juicio oral, de acuerdo con el reporte "Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México".
En los estados las carpetas de investigación que pasaron a un juez de control en 2016 ni siquiera llegan a 8%, anota el documento.
Además, a partir de datos del Consejo de la Judicatura Federal se desprende que en 99% de las causas penales iniciadas en 2016 hubo flagrancia. Esto, apunta el informe, "evidencia las deficiencias en las capacidades de investigación de las distintas áreas de la Procuraduría".
Estos datos son el inacabado resultado de una serie de reformas legislativas que comenzaron en 2008 con el SJPA y la reforma constitucional de 2014 que instruye la creación de la fiscalía general de la República.
Sin embargo, "todos estos cambios no tuvieron una articulación normativa y ahora tenemos un gran rompecabezas y algunas reformas que no están embonando muy bien", dijo María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa-CIDAC. "Esto está trayendo dificultades en la implementación, en el diseño de las instituciones y ahora en la operación del SJPA".
México Evalua-Cidac advierten que el cambio de modelo procesal generó la necesidad de perfeccionar los procedimientos, técnicas y protocolos de actuación por parte de los operadores del sistema de justicia penal, y en particular de los integrantes de las instituciones de procuración de justicia
Pero lo que predomina ahora es la carencia de una visión integral de la procuración de justicia, que involucre a todas las instituciones con corresponsabilidad en el ámbito de la seguridad y la justicia, y también faltan estrategias de priorización de los delitos a perseguir, que permitan focalizar los recursos de manera más efectiva.
Por todo lo anterior es urgente que se adopte un modelo homologado de investigación criminal en las instituciones de procuración de justicia del país, con criterios técnicos, dijo Novoa.
La propuesta de México Evalúa y Cidac está disponible en línea y allí se detallan los cambios que la especialista considera indispensables para fortalecer las capacidades de investigación del delito.
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