Expansión del terror
En México, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al 31 de julio del 2017 existen 33,482 personas desaparecidas. La autoría de este registro es del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra se compone a partir de la documentación oficial de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación, actas circunstanciadas del fuero común o federal, que permanecen sin localizar. En ese marco legal federal vigente, se puede conocer que existen registradas 127 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada de personas, iniciadas entre 2014 y 2016.
La necropolítica, propuesta de Achille Mbembe (2011), puede ayudar a comprender las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte, esa categoría se pregunta cómo dichas formas reconfiguran las relaciones en una sociedad; además, busca hacer notar las nuevas formas de existencia social en las que a sectores de la población se les confiere el estatus de muertos-vivientes. Se analiza el poder de dar muerte que practica el Estado, y al mismo tiempo, a los otros actores difusos a los que se les extiende y/o se apropian de dicho poder. Es una propuesta que parte del poder de regular o dominar la vida (biopoder), y al mismo tiempo, se pregunta por el poder de regular la muerte y otras formas de atentados a la vida.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha calificado como inaceptable que la PGR no cuente con la información exacta de los casos que investiga anteriores a 2014 (Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, 6 de abril del 2017). La falta de claridad en los números y el tipo de casos, es ya un indicador de la agencia con la que el Estado mexicano asume el fenómeno.
La CNDH, en el informe citado, afirma que a octubre del 2016 existían en México un total de 28,937 personas Extraviadas o Desaparecidas. En la información que procesan se considera relevante que la contabilización inicia en el año de 1968, En los años siguientes, se suscitó lo que en México se conoce como la "guerra sucia", en la que continúo la práctica de la desaparición forzada.
Las cifras de desaparición tienen un crecimiento progresivo a partir del año de 1996, alcanzando un promedio de 6 por año. A partir del año 2000 el promedio se duplica, alcanza 13,6 desapariciones por año. En el 2005 se vuelve a duplicar con respecto al año anterior, en dicho año se registran 39 desapariciones. En el año 2006 se mantiene la tendencia de duplicar el promedio, pues se alcanzan 81 registros de desaparición. A partir de 2007 el crecimiento es exponencial, alcanzando un promedio anual, desde 2007 hasta 2016, de 2,763.3 casos de desaparición.
La expansión de las desapariciones en las que el Estado mexicano por lo menos tolera su práctica, cuando no participa directamente, convive con el proceso político de alternancia partidista. En los últimos 20 años, de Zedillo hasta Peña Nieto, pasando por Fox y Calderón, no sólo hay una incapacidad de atender la tragedia, sino que hay que preguntarse en qué medida el Estado se ha beneficiado de la reiteración masiva de práctica. Es decir, si en México se ha sido permisivo, y/o protagonista, de las prácticas de terror con fines políticos.
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