Gobierno de Gabino Cué triplicó la deuda de Oaxaca
El gobierno de Gabino Cué, en Oaxaca termina el próximo 30 de noviembre y dejará una deuda de 14 mil millones de pesos, tres veces superior a la que recibió en 2010.
“Llevamos cuatro meses sin beca. La preocupación es que esta administración termina y tenemos la incertidumbre si se nos va a pagar o no”, afirmó Laura Cerero, atleta paralímpica.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calcula en 2 mil 500 millones de pesos la deuda al sector patronal.
“Te puedo decir qué hay y habemos empresarios que tenemos facturas del 2013, 2014, 2015 y 2016. Yo tengo facturas del 2013 con la Secretaría de Administración. Desde 2013 tengo argumentos variados, llegando siempre a lo mismo, que ya lo van a pasar, que no hay dinero, que ya lo van a meter y hasta ahorita no lo he podido cobrar”, dijo Raúl Ruiz Robles, presidente de Coparmex, Oaxaca.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, el gobierno de Gabino Cué provocó un quebranto patrimonial de mil 604 millones de pesos en el Instituto Estatal de Educación Pública.
Parte de ese dinero que estaba destinado al fondo de aportaciones para la educación básica se utilizó para pagar a aviadores, entre los que había hasta diputados que también cobraban como empleados del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Legisladores que aprobaban presupuestos, cuentas públicas anuales, que el 12 de noviembre pasado terminaron su periodo legislativo dejando una deuda a proveedores y contratistas del Congreso pero que decidieron recibir el sueldo de un trabajo que no realizaron.
Según el gobierno del Estado, el 60% del presupuesto para el desarrollo social lo destina al sector educativo, sin embargo, Oaxaca sigue ocupando el segundo lugar nacional en rezago educativo.
“Se perdió la oportunidad de contar con un gobierno honesto, transparente y de resultados”, afirmó Isidoro Yescas, de la plataforma ciudadana “Oaxaca solidario”.
Los policías veteranos de Oaxaca también fueron afectados.
Conformaron una asociación civil ya que en ese estado no existía la jubilación para ellos.
Fue hasta octubre del año pasado que se creó una ley al respecto, resultado de un paro de labores en 2014.
El gobierno estatal anunció hace unos días que empezó a entregar las primeras jubilaciones, sin embargo, los policías lo niegan.
Cuestionan el destino de 300 millones de pesos que el gobierno del estado les garantizó para crear el fondo de pensiones.
No obstante, cada quincena les descuentan de su nómina una cantidad para su pensión, la cual será del 75% y no del 100% de su salario, aunque cubran los requisitos de edad y antigüedad en el servicio.
“Dónde está ese dinero que supuestamente el secretario lo dio a conocer, de que son 300 millones para el fin que se está persiguiendo que son las jubilaciones y pensiones. Eso es lo que queremos que se aclare”, exigió Abel Sosa, policía estatal de Oaxaca.
“El acuerdo que se llegó con el gobierno del Estado a través de sus diferentes dependencias como Secretaría de Gobierno, Administración, Seguridad Pública y gobernador fue que se iba crear el fondo de pensiones. Iban a crear un fideicomiso para que ahí se manejaran esos recursos. Hasta hoy, ese fideicomiso es únicamente de papel, no existe ni está operando”, señaló Gregorio Cruz Lucas, abogado de los policías veteranos de Oaxaca.
Los policías de Oaxaca denuncian que además el gobierno estatal emitió certificados de bachillerato a elementos que no cuentan con ese nivel de estudios, para así poder acreditar a los uniformados y recibir el subsidio que da la federación para la policía acreditable.
“Ahorita tienen el problema porque el C3 está diciendo que tienen certificados apócrifos. ¿La culpa se la están echando al elemento? Al elemento, pero el elemento nunca tuvo el conocimiento o no dio ese consentimiento de que le dieran un certificado”, destacó Alejandro Santiago, policía estatal de Oaxaca.
En materia de seguridad, la Auditoría Superior de la Federación emitió observaciones al gobierno de Gabino Cué porque no justificó con documentos el uso de 152 millones del fondo de aportaciones a Seguridad Pública.
También pagó 27 millones 649 mil pesos por una obra no ejecutada en el penal de mediana seguridad que el gobierno del estado construyó en el municipio de Tlacolula.
Se buscó la versión del gobierno de Oaxaca, no hubo respuesta.
Fuente: Agencia.
