Demandan liberar a activista argentina
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió hoy la liberación de la activista argentina Milagro Sala, detenida desde enero pasado y quien es considerada en algunos sectores como presa política del gobierno de Mauricio Macri.
La Organización de Estados Americanos (OEA) se sumó así al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde hace un mes recomendó la “inmediata liberación” de la dirigente.
Antes, ya habían hecho este reclamo otras organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, lo que transformó el caso en un dolor de cabeza para un gobierno que no esperaba que la detención de Sala tuviera tanta trascendencia.
En la carta, que responde a una misiva se Sala, Almagro advirtió que comparte la preocupación de otros organismos internacionales, ya que no se demostró riesgo de intento de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de la libertad.
“El más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, así como las garantías al debido proceso y al no abuso del instituto de la prisión preventiva me convencen de la necesidad de su inmediata liberación”, sostuvo.
El dirigente de la OEA también manifestó su confianza en que el Estado argentino, en cumplimiento de los acuerdos interamericanos y universales, sabrá dar pronta cabida a las solicitudes recibidas desde la comunidad internacional.
Almagro reconoció, además, el trabajo social de Sala “por los desposeídos” porque enaltece “el carácter de sus manifestaciones públicas en un continente y una región que por sus elevados índices de desigualdad, la mejor distribución ha de ser siempre uno de sus objetivos prioritarios”.
Al final de la carta, el titular de la OEA anunció que seguirá “de manera directa” el caso de Sala y saludó a la dirigente con la esperanza “de poder hacerlo pronto en persona”.
Sala, de 51 años, dirige el grupo Tupac Amaru, una organización de la provincia de Jujuy, ubicada en el norte del país, que logró operar múltiples programas sociales que beneficiaron a parte de la población más desfavorecida.
Sus opositores la acusan de una serie de hechos fraudulentos y crímenes que hasta ahora no han sido probados, pero sí ampliamente difundidos a través de una intensa campaña mediática en su contra.
Sala fue detenida el pasado 16 de enero en Jujuy, acusada de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real” al protestar frente a la casa de Gobierno por el recorte de subsidios para la construcción de viviendas y el trabajo de cooperativas.
La activista fue aliada de la expresidenta Cristina Fernández y mantuvo un añejo enfrentamiento con el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien asumió, igual que Macri, en diciembre pasado.
Morales ya había anticipado su encono contra Sala, por lo que bastó que se convirtiera en gobernador para que la dirigente fuera detenida, lo que se ha interpretado como una peligrosa venganza política contra una líder kirchnerista.
“No voy a liberar a esa mujer”, fue la respuesta que dio Morales ante el reclamo de liberación de Naciones Unidas (ONU), con lo que una vez más demostró su animadversión personal hacia Sala.
Aunque el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades desde el principio, Macri insistió en que era un problema de la justicia de Jujuy, hasta que comenzaron a replicarse los reclamos internacionales en favor de Sala.
La semana pasada, el gobierno invitó a comités de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU a viajar a Jujuy para revisar “in situ” las condiciones de detención de Sala, pero aún así los reclamos internacionales se siguen acumulando.
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