Avalan diputados reforma que promueve creación y fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 425 votos, un dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, promueva el desarrollo, implementación y evaluación de proyectos de entidades federativas para la creación, fortalecimiento y operación de Centros de Justicia para las Mujeres.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, destacó que la reforma tiene el objetivo de brindar certeza jurídica a una política pública emprendida por la actual administración, toda vez que la impunidad en los delitos cometidos contra las mujeres asciende a más del 98 por ciento.
“Lo que se pretende es dar certeza jurídica a los centros de justicia, definiendo, a través de las facultades de la Secretaría de Gobernación, las atribuciones y funcionamiento de los centros y servicios que habrán de otorgar a las mujeres en todo el país”.
Este dictamen, agregó, reúne recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, de la Convención Interamericana para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y acuerdos emanados de las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe.
Es importante que esta soberanía dé muestras claras de lo que significa fortalecer las instituciones para asegurar que todas las mujeres en nuestro país vivan una vida libre de violencia.
Al fijar el posicionamiento de los grupos parlamentarios, la diputada María Soledad Sandoval Martínez (PRI) indicó que en México prevalece la violencia de género que se manifiesta de distintas maneras y en diversos ámbitos, como el emocional, laboral, económico, físico y sexual, padeciéndola las mujeres sin importar edad, escolaridad, entorno laboral y lugar de residencia, en el norte, centro y sur de la República.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2012, 6 de cada 10 mujeres en el país han sido víctimas de algún tipo de violencia. “La vulnerabilidad histórica que tenemos como sector, producto de paradigmas sociales e insuficiencias legales, contrasta con nuestro valor de salir adelante frente a los grandes retos que la vida nos impone”.
Patricia García García, PAN, reconoció la importancia de los Centros de Justicia para las Mujeres, como espacios para atender y asesorar, con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos, a las mujeres víctimas de violencia.
Los estados tienen la obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencia, exigir responsabilidad a los autores, aplicar la justicia y proporcionar atención a estas víctimas.
La diputada Maricela Contreras Julián (PRD), resaltó la importancia de contar con estos centros de justicia y que su creación no sea solamente por voluntad de los gobernadores, sino obligación de ley. No queremos escuchar más justificaciones de la violencia de género. Esas parten de una sociedad permisiva de abusos, vejaciones y maltrato hacia las mujeres.
El miedo a ser violadas, secuestradas, manoseadas, mutiladas, asesinadas, forma parte de nuestro entorno cotidiano donde las cifras de violencia de género van en aumento de manera alarmante en prácticamente todas las regiones del país, advirtió.
Jorgina Gaxiola Lezama, del PVEM, señaló que existen en México 30 centros en 22 entidades federativas, en donde las mujeres son víctimas de violencia, pueden acudir y solicitar servicios que concurren de varias instancias gubernamentales del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil.
Llamó a los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas que aún no abren sus centros de justicia para las mujeres, les dediquen el presupuesto y la importancia que tienen.
Concepción Villa González, de Morena, recordó que los centros de justicia fueron creados en 2010, en respuesta a las recomendaciones del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia.
Las recomendaciones fueron claras, el Estado mexicano debía eliminar los obstáculos específicos de las mujeres que tienen para acceder a la justicia. “Desafortunadamente el avance se ha visto disminuido porque hay una disputa institucional de origen entre las instituciones federales”.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, mencionó que los centros de justicia deben ser no solamente en términos institucionales, los que garanticen los derechos de las mujeres, sino los que generen el empoderamiento de las mismas.
El antecedente es El Salvador, donde se aprobó el programa Ciudad Mujer, con centros no solo detonantes de la capacitación de las mujeres, sino para empoderar a las mujeres. Ese país, que apenas se parece a la ciudad de Guadalajara, cuenta con más Centros Mujer que el nuestro.
De Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila señaló que el Programa Sectorial 2013-2018, de la Secretaría de Gobernación, prevé la creación y fortalecimiento de los centros de justicia, y junto con el Conavim, trabaja en el diseño de programas y políticas públicas para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. “Lamentablemente todo esto ha sido insuficiente”.
Según el Inegi, añadió, en 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia. Durante 2013 y 2014 fueron asesinadas cada día 7 mujeres y las entidades donde es más peligroso ser mujer, porque representa las tasas más altas en homicidios de mujeres, son: Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y Estado de México.
Ana Guadalupe Perea Santos, de Encuentro Social, comentó que la reforma prevé la creación de un título quinto denominado “de los Centros de Justicia Penal”, a fin de regular los objetivos, funciones, facultades y servicios que de manera obligatoria deberán presentarse a las mujeres que así lo requieran.
“Una aportación que da cuenta de la altura de miras de esta reforma, es que tales centros deberán presentar los servicios de atención médica y psicológica, asesoría jurídica, representación legal, servicios de cuidado y atención infantil, servicios de trabajo social, acceso a la justicia a través de agencias especializadas en violencia contra las mujeres, y asesoría y capacitación para el empoderamiento social y económico de la población objetivo”.
La diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, propuso una modificación al dictamen, en particular, adecuar la fracción III del artículo 62 y sustituir la palabra facilitar por garantizar, a las mujeres víctimas de violencia, el acceso a la justicia. Lo que fue aprobado en votación económica.
Se turnó al Senado de la República para su trámite constitucional.