PGR presenta acción de inconstitucionalidad contra ley anticorrupción de Sinaloa
La Procuraduría impugna un decreto aprobado por el Congreso del estado porque viola las leyes federales anticorrupción. La PGR ya ganó recursos en los casos de Chihuahua y Veracruz.
La PGR interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra reformas a la Ley de Justicia Administrativa de Sinaloa, por violar las nuevas leyes federales anticorrupción.
El 19 de agosto pasado, se publicó en Sinaloa el Decreto 768, el cual permite que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), este decreto viola el Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015 pues contraviene “la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los Magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados”.
La PGR señala que el Congreso del Estado de Sinaloa, transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, pues los sistemas estatales anticorrupción no deben ser creados “a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica”.
Con el decreto publicado, argumenta la PGR, los operadores jurídicos, no sabrán cuáles normas los regirán y delimitarán su actuación dentro del Sistema Local Anticorrupción.
“La creación de un ‘sistema’ implica el diseño de un conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”, señala la Procuraduría en un comunicado.
La PGR también promovió Acciones de Inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en materia de combate a la corrupción.
En los primeros dos casos, la Procuraduría obtuvo resoluciones favorables por parte de la SCJN, ya que los magistrados declararon inválidos los decretos impugnados.
El pasado 11 de julio, el gobierno anunció que interpondría acciones de inconstitucionalidad contra los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo porque los congresos aprobaron reformas en materia anticorrupción antes de que entrara en vigor la ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de combate a la corrupción que hoy impugnamos, toda vez que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo entonces el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva.