2015 ha sido el peor año de la historia para los defensores del medioambiente
El informe En Terreno Peligroso, elaborado por la ONG Global Witness, denuncia que durante al año pasado se produjeron 3 muertes de activistas ambientales cada semana
3 asesinatos a la semana. Esta es la escalofriante cifra de crímenes contra activistas ambientales que se produjeron durante 2015. Un total de 185 muertes solo por el hecho de defender la tierra y el medioambiente de las manos destructoras del hombre.
Así lo recoge el informe En Terreno Peligroso, elaborado por la ONG Global Witness, que declara el 2015 como el año más mortífero de la historia para todos aquellos defensores de los bosques, campos y ríos frente al poder destructor de las industrias.
Este dato supone un aumento del 59 % respecto a la estadística de 2014. 185 muertos que podrían ser muchos más. Según la organización humanitaria, las graves restricciones informativas que existen en muchos países indican que la cifra real es aún mayor.
Entre los países más sangrientos para los ambientalistas se encuentran Brasil, con 50 muertes, Filipinas con 33, seguidos de Colombia con 26 muertes. Continúan el ranking Perú (12), Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11).
Entre las principales causas de estos asesinatos se encuentran las desavenencias con la industria de la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).
Cifras como estas demuestran lo que ya sabíamos: el medio ambiente se ha convertido en el nuevo campo de batalla mundial en el que sus defensores luchan contra los gobiernos, las empresas y el crimen organizado que pretenden apropiarse de la tierra.
Según explican en el informe, “de entre los casos bien documentados, encontramos 16 relacionados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía y 11 con guardas de seguridad privados, lo que implica claramente que el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos.
“Además, encontramos pocos indicios que demostraran que las autoridades investiguen exhaustivamente los delitos o adopten medidas para hacer que los autores respondan ante la justicia”, escriben desde Global Witness.
En Terreno Peligroso destaca la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, cuyos débiles derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los convierten en el objetivo habitual de aquellos que se dedican a acaparar tierras y recursos. Según Global Witness, casi el 40% de las víctimas de 2015 pertenecía a grupos indígenas.
Tal como denuncia en un comunicado de prensa el encargado de las campañas de la ONG, Billy Kyte, "cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo".
Todos recordamos el caso de la ambientalista Berta Cáceres y su compañero Nelson García, ambos asesinados en Honduras por defender el derecho de los indígenas sobre la tierra. O la ejecución pública del padre y el abuelo de la activista filipina Michelle Campos, por el simple hecho de defender su tierra ancestral frente a la minería. Tampoco podemos olvidar uno de los últimos crímenes: el asesinato de Isídio Antonio, líder de una comunidad de agricultores a pequeña escala del Estado de Marañón (Brasil). Este hombre había sufrido durante años amenazas de muerte por denunciar la tala ilegal en su tierra.
Lamentablemente, estos asesinatos son solo los visibles, los mediáticos. Como denuncian desde la ONG, " por cada asesinato que documentamos hay muchos otros que no se denuncian. Los gobiernos deben intervenir urgentemente para detener esta espiral de violencia”.
Además, como explica Kyte, esta situación va a ir a peor con el tiempo. “El calentamiento climático y el crecimiento de la población implican que habrá un aumento de la demanda de tierra y recursos naturales. Sin una intervención urgente, el número de muertes que estamos observando actualmente se considerará una minucia en comparación con las que están por venir”, incide.
Para acabar con esta masacre, Global Witness pide a los gobiernos de los países afectados que se impliquen en este grave problema y aumenten la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que estén en peligro. Demandan que se investiguen los delitos y se lleven a sus autores ante la justicia, así como que se defienda el derecho de los activistas a negarse a que las empresas hagan proyectos en sus tierras. Piden que las empresas tengan que pedir de manera proactiva el consentimiento a las comunidades indígenas y que se solucionen las causas subyacentes de la violencia contra los defensores.
