La conspiración contra Dilma
El mensaje de imprevisibilidad que el proceso contra Rousseff manda a todos los funcionarios electos democráticamente es profundamente dañino en una región en la que la debilidad de las instituciones es evidente
Lo repugnante del caso contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff es que los cargos que los diputados de oposición le imputan son demasiado débiles como para validar sus destitución mientras que las acusaciones contra sus perseguidores son tan graves que, de probarse, merecerían no solo el desafuero sino largas condenas en la cárcel después de un juzgamiento ejemplar.
A Rousseff se le acusa de haber maquillado las cuentas públicas valiéndose de préstamos bancarios para cubrir déficits en el presupuesto en 2014, el año de su reelección. Dilma admite el cargo pero argumenta que lo mismo hicieron sus antecesores en la presidencia y muchos gobiernos municipales y estatales.
La maniobra política contra Rousseff la encabezan tres personajes siniestros. El principal promotor del proceso de "impeachment" es el pastor evangélico y presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien se le acusa de haber recibido por lo menos cinco millones de dólares en sobornos para asegurar contratos con la compañía estatal Petrobras. También se le acusa de haberlos escondido en una cuenta bancaria en Suiza aunque en ese país aseguran que el pastor también tiene cuentas bancarias en otros paraísos fiscales.
No es casualidad que el día que el partido de Rousseff decidió realizar una votación del comité de ética de la Cámara de Representantes para separarlo de su cargo por negar que tenía cuentas bancarias en el extranjero, Cunha le haya dado entrada a la votación para la destitución de Dilma.
Otro importante miembro del grupo que conspira contra Rousseff es el vicepresidente Michel Temer sobre quien también recaen sospechas de corrupción y cuya ambición de poder le ha llevado al extremo de filmarse ensayando su discurso de toma de posesión una vez que acabe el proceso de destitución de la presidenta por mandato constitucional. El tercer miembro del grupo golpista es el presidente del Senado, Renan Calheiros, quien también enfrenta denuncias de corrupción y lavado de dinero. Los tres personajes pertenecen al Partido PMDB, que formaba parte de la coalición con la que gobernaba Rousseff pero que abandonó a la Presidenta en el momento en el que esta ordenó una investigación a fondo del escándalo en Petrobras.
La organización-no-gubernamental Transparencia Brasil calcula que al menos el 58,1 % de los 513 diputados de la Cámara de Representantes enfrentan -o enfrentaron- cargos, que van desde la corrupción hasta el asesinato o la violación. Y en el Senado, se calcula que al menos el 60 % de los 81 senadores tienen, o tuvieron, causas judiciales abiertas.
Todo hace suponer que los golpistas se saldrán con la suya y Rousseff será destituida de su cargo. También está claro que después del maquillado Coup d'etat el presidente interino Temer se dedicará a desmantelar los programas de asistencia, sobre todo en salud y educación, que fueron implantados por Lula y continuados por Dilma.
La percepción de corrupción en el sector público sigue siendo generalizada en todo el mundo según el informe de Transparencia Internacional de 2015, pero la corrupción en Dinamarca, el país mejor calificado en el índice, no se parece en nada a la corrupción en Venezuela situada al lado de Haití e incómodamente cerca de Corea del Norte y Somalia, los dos países que ocupan los últimos lugares del índice. En el continente americano, Brasil es uno de los países que han tenido un mayor descenso en el índice de percepción en los últimos tres años, aunque su posicionamiento sigue siendo mejor que el de Argentina, México o Colombia, y un poco peor que el de Panamá. La caída de Brasil en el índice se debe, entre otras cosas, a las revelaciones sobre los escándalos de corrupción en Petrobras. Corruptelas en las que la Presidenta no ha sido implicada.
El proceso de "impeachment" contra Rousseff ha ahondado el clima de inestabilidad política en el gigante del sur y sus sacudidas podrían desestabilizar a la región entera. Peor aún, el mensaje de imprevisibilidad que manda a todos los funcionarios electos democráticamente en una región en la que el estado de derecho es frágil y la debilidad de las instituciones es evidente, va a ser profundamente dañino.
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