Socios de los Kirchner, acusados de corrupción

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Empresarios argentinos que se enriquecieron durante los gobiernos kirchneristas están vinculados a escándalos de corrupción y enfrentarán juicios penales.

Los casos más emblemáticos son los de Cristóbal López, un empresario que construyó un conglomerado de medios y estafó a los trabajadores, y Lázaro Báez, amigo cercano y socio de la familia Kirchner.

López es el dueño de Indalo, una firma creada durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) que incluye sectores tan diversos como casinos, combustibles, construcción y medios de comunicación.

Indalo llegó a construir, en asociación con el empresario Matías Garfunkel, su propio multimedios al que denominó Grupo 23 y que incluía el diario Tiempo Argentino, los canales de noticias por cable CN23 y C5N y las radios América y Rock & Pop, entre otros.

El fin del gobierno de Fernández de Kirchner, en diciembre pasado, significó el ocaso del Grupo 23, que desde entonces dejó de pagarles a cientos de trabajadores que continúan en movilización para que la compañía cubra sus deudas.

A los reclamos salariales en contra de López se sumó un caso todavía más grave cuando el diario La Nación reveló que su empresa acumulaba una deuda impositiva por unos 530 millones de dólares, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las autoridades fiscales beneficiaron de manera irregular a López, quien dejó de pagar un impuesto en combustibles, lo que le dejó ganancias para acrecentar su conglomerado de firmas.

Aunque López aseguró que no había cometido ninguna irregularidad y que el caso ya había sido desestimado por la justicia, varias de sus empresas ya fueron allanadas y la investigación en su contra avanza.

Báez, por su parte, volvió a atraer los reflectores luego de que un noticiero emitiera videos de cámaras de vigilancia en los que su hijo cuenta o supervisa la cuenta de millones de dólares en efectivo en una financiera ubicada en Buenos Aires.

El empresario, quien está acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento, se encuentra radicado en la patagónica provincia de Santa Cruz, que fue el feudo político construido por la familia Kirchner.

Durante el gobierno provincial de Néstor Kirchner, Báez se convirtió en el mayor contratista del Estado, pero su firma obtuvo aún más beneficios cuando su amigo llegó a la presidencia.

Actualmente Báez arrastra acusaciones de haber operado como prestanombres del fallecido expresidente y de lavar fortunas que su hijo llevaba de Santa Cruz a Buenos Aires, en donde oscuros financiadores las llevaban hacia paraísos fiscales.

Con el kirchnerismo fuera del gobierno nacional, ya comenzaron las peleas internas, puesto que el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray advirtió de manera sorpresiva que Báez terminará preso.

La hermana de Kirchner y actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, aseguró, por su parte, que Báez jamás fue socio de empresas de la familia y además le canceló decenas de contratos de obras.

Como contraataque, el empresario abandonó el bajo perfil que lo caracteriza y aseguró que él, a diferencia de Echegaray y de la gobernadora, sí puede justificar su patrimonio.

"No necesito fuero", dice Lula Da Silva

El expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva aseguró que su sucesora Dilma Rousseff le había ofrecido el cargo de ministro desde hace tiempo.

"Desde agosto me lo llevaba diciendo, pero yo sostenía que ese no era mi sitio, que no era mi lugar. Hasta que hace poco, la Presidenta me dijo: Necesito de usted para recuperar el país' y ahí acepté".

Afirmó que pese a los señalamientos que lo vinculan con la red de Petrobras, no le hace falta la protección de la justicia brasileña.

"Yo no necesito de ningún tipo de fuero. Ahora bien: existe complicidad aquí entre Policía, jueces y política", insistió el fundador del Partido de los Trabajadores.

Y agregó, refiriéndose a su detención: "Es importante saber quién robó, pero para eso no es necesario montar estos circos mediáticos, toda esta pirotécnica".

Ayer, el Colegio de Abogados de Brasil se sumó a la petición de juicio político contra Rousseff, y presentó la solicitud al Congreso.