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La herencia del conflicto en Michoacán: más de 500 desplazados, 440 asesinados, 524 secuestrados…

Hipólito Mora. Foto: Cuartoscuro

Hipólito Mora. Foto: Cuartoscuro

Entre el 2011 y el 2014 más de la mitad del territorio de Michoacán se convirtió en zona sin ley y campo de batalla. Primero, fue la corrupción y violencia infringida por el cártel de los Caballeros Templarios y luego la irrupción de grupos de autodefensa que también terminaron delinquiendo. El saldo: más de tres mil 500 víctimas directas de un conflicto que dejó muertos, desplazados, secuestrados, desaparecidos…

El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre "Los Grupos de Autodefensa en el estado de Michoacán y las Violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con el Conflicto" documenta en cuatro etapas el proceso de deterioro que sufrió el estado y la herencia del mismo.

El acoso del cártel de los Caballeros Templarios a la población y la ausencia por complicidad o incapacidad de las autoridades locales, detonaron el surgimiento de los movimientos de autodefensa que llegaron a tener control de 33 municipios, equivalentes a más del 56 por ciento del territorio michoacano.

Los costos de esta violencia, documentados por los visitadores de la CNDH en su investigación de campo, van desde el desplazamiento forzoso de más de medio millar de personas y familias, hasta por lo menos 475 homicidios, 524 secuestros, y un número no determinado de desaparecidos, entre otros.

Buenavista, Apatzingán, Tepalcatepec, Parácuaro y Uruapan concentraron a casi la mitad de todas las víctimas documentadas por el conflicto, de acuerdo con el informe.

Además, la CNDH identificó que problemas estructurales en la educación del estado son otro foco rojo del conflicto. Escuelas cayéndose a pedazos y deserción escolar de hasta 60 por ciento derivaron en que menores de edad llegaran a convertirse también en integrantes armados de los grupos de autodefensa.

El informe de la Comisión formuló un total de 55 propuestas a las autoridades de los tres gobiernos para evitar que una situación como esta se repita y se vulnere, otra vez, los derechos humanos de los habitantes.

Entre esas sugerencias está la de investigar el financiamiento y origen del armamento de los grupos de autodefensa que sirvieron de base para conformar la hoy existente Fuerza Rural, pues los testimonios recabados confirmar que muchos de ellos fueron infiltrados por el crimen organizado.

Las cuatro etapas

La CNDH dividió en cuatro etapas el desarrollo del conflicto en Michoacán. La primera de ellas corresponde al periodo del año 2011 y 2012 en el cual, según el informe, fue permeando la violencia de los Templarios en contra de la sociedad civil, registrándose casos de extorsiones, secuestros, homicidios, desapariciones.

"Las autoridades se limitaron a emplear estrategas de despliegue de fuerza para el combate a la delincuencia organizada, pero no a implementar medidas de persecución del delito para indagar a funcionarios coludidos o golpear estructuras económicas que sostenían a los criminales así como para atender zonas vulnerables" dice el informe.

La segunda etapa definida por CNDH inicia el 24 de febrero de 2013 con los primeros surgimientos de autodefensas en la Ruana, perteneciente al municipio de Buenavista, así como en Tepalcatepec. El fenómeno creció ante el "desconcierto" de autoridades, señala el organismo.

Las autodefensas consiguieron extenderse progresivamente a 33 municipios que representaron 56 por ciento del territorio de la entidad, área en donde vivía 1 de cada 3 michoacanos. Se formaron así dos frentes de batalla: autodefensas y criminales.

La tercera etapa arranca el 13 de enero del 2014 con el surgimiento de una estrategia dirigida por autoridades federales y estatales para combatir a los Caballeros Templarios y desmovilizar a las autodefensas. Se crea la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán encabezada por Alfredo Castillo.

En este periodo viene la detención de líderes templarios y personajes políticos clave como el secretario de Gobierno Jesús Reyna y de los alcaldes de Apatzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y Aguililla. Pero es también en esta fase cuando surgen acusaciones y división entre autodefensas por factores como la incorporación de delincuentes supuestamente "arrepentidos".

La CNDH marca el inicio de la cuarta etapa el 13 de mayo de 2014 con el decreto del gobierno estatal por el cual se crea la Unidad de Fuerza Rural, la cual integró a líderes e integrantes de varios grupos de autodefensa.

Los saldos

La violencia en Michoacán dejó poco más de tres mil 500 víctimas en el estado. De ellos al CNDH tiene el registro de 502 casos de desplazamiento forzoso, es decir gente que tuvo que irse a otras zonas de Michoacán, a otras entidades o incluso a los Estados Unidos.

Por ejemplo, se tuvo el reporte de cien familias que se fueron del municipio de Aquila al estado de Colima, a causa del deterioro en la seguridad y presencia de grupos de autodefensa, o de otras 200 personas que se refugiaron en el municipio de Cahuayana tras huir de Coalcomán y Chinicuila.

Además la comisión registró a tres mil 27 víctimas de distintos delitos, entre ellos 864 por extorsión, 597 por afectaciones al patrimonio, 524 por secuestro, 472 por homicidio, 192 por lesiones, 157 por privación ilegal de la libertad, 119 por violación, entre otros.

Los testimonios de las victimas indirectas, recabados por l comisión, apuntaron la responsabilidad de muchos de los casos al crimen organizado pero también a distintos grupos de autodefensa.

Buenavista es el municipio de Michoacán que acumula el mayor número de víctimas con 616 en total, muy por encima de cualquier otro municipio. Se trata de la primera localidad en la que surgieron grupos de autodefensa junto con Tepalcatepec que es el tercer municipio con más víctimas con 247. Entre ellos está Apatzingán con 261 víctimas

En estos y otros municipios los visitadores conocieron de casos como despojos de minas a sus legítimos propietarios, personas secuestradas y desaparecidas pro rehusarse a pagar "derecho de piso", empleados de funerarias obligados a proporcionar ataúdes sin que se presentara la documentación necesaria, despojos de propiedades, etcétera.

Escuelas en ruinas, niños armados

El informe de la CNDH, sin detallar una cantidad o municipio, alertó de la presencia de menores armados en los grupos de autodefensa, y atribuyó esto a un sistema educativo en deterioro en Michoacán, tanto por factores de la violencia, pero también a fallas estructurales.

En un apartado específico para este tema, la CNDH dijo que se pidió al gobierno de Michoacán un informe detallado sobre tasas de deserción de los planteles pero no hubo respuesta. Autoridades escolares dijeron por separado, que la tasa iba desde 15 por ciento en nivel primaria hasta 60 por ciento en nivel medio.

La CNDH señala que se hizo una vista a más de 150 planteles en donde se identificaron múltiples deficiencias.

"Se pudo documentar el estado de abandono y descuido de las escuelas: instalaciones viejas, deterioradas o en ruinas, inservibles, peligrosas; materiales didácticos inexistentes; útiles escolares que llegan tarde, mal o nunca; equipos de apoyo como computadoras, laboratorios o maquinaria para talleres, los cuales de tenerlos no funcionan" indica el informe.

Un caso representativo, detalla la Comisión, es el de una escuela en Pátzcuaro que tuvo el mejor aprovechamiento de la entidad en 2012, pero que apenas consta de tres aulas a punto del colapso a no ser por unas vigas de metal que las sostienen. Aunque la mayoría de los 350 alumnos del plantel son de escasos recursos, solo 35 son beneficiario de oportunidades

En enero de 2014 un choque entre autodefensas y sicarios en Múgica generó daños en un planten escolar, entre ellos agujeres en paredes y ventanas por impactos de bala, y la destrucción de un tanque de agua por una granada de fragmentación.

En ese contexto, la CNDH propuso al gobierno de Michoacán que a la brevedad se pueda realizar un diagnóstico de la situación educativa de la Entidad y se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a una educación de calidad y frenar la deserción de los estudiantes, sobretodo en zonas marginadas.

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