Denuncian en La Haya represión de Maduro 19 meses después
Familiares de víctimas de la represión gubernamental en Venezuela demandaron al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde febrero de 2014.
El coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, y el abogado Juan Carlos Gutiérrez fueron los encargados de presentar ayer ante el mayor tribunal del mundo un documento de 190 páginas en el que se señala "el Gobierno de Venezuela, bajo el liderazgo del presidente Maduro, ha adoptado una política estatal para atacar a parte de la población civil percibida como disidente".
El texto se refiere a asesinatos, torturas, encarcelamientos violando las normas del derecho internacional, persecución por motivos políticos y "otros actos inhumanos de carácter similar". En dicho documento –que se basa en informes de organizaciones de derechos humanos internacionales y venezolanas– se pide que se abra una investigación urgente debido a la cercanía de las elecciones parlamentarias (6 de diciembre) y a las amenazas de Maduro.
Hace unos días el presidente venezolano dijo que si la oposición ganara los comicios, "Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa".
La demanda señala a ministros, jueces, fiscales, gobernadores y militares como presuntos responsables de la represión durante las manifestaciones del año pasado, cuando miles de venezolanos salieron a la calle en varias ciudades para protestar contra el Ejecutivo. La respuesta del gobierno derivó en la muerte de entre 33 y 36 civiles, según constata el documento.
También se menciona la existencia de más 70 presos políticos, entre ellos el dirigente opositor Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión en un juicio calificado de farsa por el propio fiscal encargado de presentar las pruebas.
La demanda cifra 437 casos de torturas durante las protestas, según los datos del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, y sitúa las detenciones practicadas en 3 mil 700 a raíz de dichas manifestaciones.
Al respecto, Foro Penal, una organización no gubernamental venezolana, estima que se produjeron 638 encarcelamientos arbitrarios.
El documento hace referencia a la falta de libertad de prensa y al hostigamiento al que se somete a los periodistas críticos con el Gobierno. Actualmente, varios directivos de medios de comunicación como El Nacional, Tal Cual y La Patilla se hallan bajo una orden de búsqueda y captura por parte de las autoridades del país tras hacerse eco sus respectivos medios de artículos aparecidos en el extranjero que relacionaban a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Legislativa, con el narcotráfico.
La demanda también describe persecución y amenazas contra empresarios, abogados, políticos como el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y activistas de derechos humanos.
Para hoy está programado que el presidente Maduro hable en el pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en su país, tras ser invitado por este organismo previa petición del Gobierno venezolano para comparecer ante este organismo.
Venezuela fue reelegido el pasado 28 de octubre como uno de los tres países latinoamericanos para ocupar un asiento en este organismo con sede en Ginebra, un hecho que fue criticado por organizaciones especializadas en derechos humanos como Human Rights Foundation y UN Watch.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya también tiene pendiente una investigación por otra demanda presentada en abril de 2014 por un grupo de 198 parlamentarios de ocho países latinoamericanos en la que pedía una investigación contra Maduro por "la represión masiva y sistemática" contra manifestantes pacíficos y desarmados durante las protestas del año pasado.
OEA acusa abusos contra opositores
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció ayer que las autoridades venezolanas no garantizan el "nivel de transparencia y justicia" necesario para la celebración de las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre.
Almagro aseveró que la oposición llega a los comicios con líderes importantes detenidos o inhabilitados y con limitada capacidad para acceder a medios de comunicación mientras el gobierno despliega una gran cantidad de empleados públicos y recursos estatales para la campaña electoral.
"Tengo la esperanza de que en el tiempo que queda usted pueda brindar soluciones a por lo menos algunas condiciones esenciales", escribió el uruguayo en una carta de 18 páginas dirigida a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano.
Almagro lleva meses insistiendo en la conveniencia de que Venezuela autorice una misión de observación electoral de la OEA, pero Caracas ha rechazado la propuesta varias veces.
Líderes opositores han reiterado su petición para que observadores de la OEA vigilen el próximo proceso electoral.
En primera declaración desde su condena, López llama a votar
El líder opositor difundió una misiva desde el penal de Ramo Verde; pide impulsar el cambio político y llama a protestar pacíficamente
Redacción La Razón
El líder opositor Leopoldo López pidió a los venezolanos acudir masivamente a votar en los comicios legislativos del 6 diciembre con miras a que una nueva Asamblea Nacional dominada por los adversarios del presidente Nicolás Maduro promuevan el recorte de su mandato dentro del marco constitucional.
"No podemos esperar años. No se puede esperar a las elecciones presidenciales del año 2019, el cambio político lo impulsaremos en el primer semestre del 2016. El 90% del país así lo quiere, y la constitución lo permite", dijo López en una carta que escribió desde la cárcel militar de Ramo Verde, donde está recluido desde febrero del 2014, y que fue difundida por su partido, Voluntad Popular.
El líder opositor condenado a 13 años de prisión por el delito de asociación delictuosa aclaró que es necesario debatir "sobre cuál mecanismo activar para lograr el cambio político", el dirigente opositor mencionó "la enmienda constitucional, la renuncia, el revocatorio o la constituyente".
"Pero esta discusión no nos desviará del mayor acuerdo que hemos alcanzado, el cambio político en Venezuela tiene fecha, y es el primer semestre del 2016", agregó.
Por primera vez en 16 años, las principales encuestas muestran a la oposición como favorita para ganar las elecciones a la Asamblea Nacional, ahora controlada por el oficialismo. Un escenario de inflación de tres dígitos, auge delictivo y escasez generalizada de alimentos y otros bienes básicos podría minar el apoyo a los candidatos oficialistas.
Algunos sectores opositores han anunciado que, de ganar el control de la Asamblea unicameral, podrían promover un referendo revocatorio contra Maduro antes de que el presidente complete su mandato de seis años, que termina en el 2019.
"No habrá solución a los problemas que sufrimos los venezolanos sin que antes hayamos podido lograr el cambio de la cúpula corrupta que hoy usurpa el poder", insistió López.
"Hay que salir a votar masivamente. Y luego más importante aún, defender esos votos, pacíficamente, con coraje, firmeza y organización", aseveró.
López fue condenado el 10 de septiembre pasado a 13 años y nueve meses de prisión en la cárcel militar de Ramo Verde, donde permanecía desde febrero del 2014, por incitar violentas protestas en Caracas. Esas protestas se extendieron a otros centros poblados entre febrero y mayo de 2014 y dejaron más de 40 muertos.
El opositor insistió en que nunca convocó a actuar con violencia. El ahora ex fiscal Franklin Nieves y compañeros fiscales argumentaron durante el juicio que la retórica virulenta de López y su apoyo a una estrategia conocida como "La Salida" fue un intento no muy velado del beligerante líder opositor para derrocar al presidente Maduro, pocos meses después de que simpatizantes del gobierno arrasaron en los comicios regionales.
En este escenario, grupos de derechos humanos han condenado el veredicto y Washington ha hecho de la liberación de López una demanda clave para la normalización de las relaciones entre ambos países.
El ex fiscal Nieves, que huyó de Venezuela, recientemente denunció haber recibido presiones del gobierno venezolano para enjuiciar fraudulentamente a López.
El gobierno venezolano rechazó las denuncias de Nieves.
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