Cierre fronterizo dispara a 8 mil los arrestos arbitrarios en Venezuela
El exfiscal de Venezuela, Franklin Nieves, quien acusó a la administración de Nicolás Maduro de inventar pruebas contra el líder opositor Leopoldo López, señaló que las reiteradas denuncias sobre paramilitares colombianos en la frontera venezolana "son un montaje" .
Desde su exilio en Miami, Estados Unidos, el exfiscal venezolano sostuvo en entrevista radiofónica para la emisora colombiana, Blu Radio, que dichas denuncias en la frontera de Venezuela "son un montaje ideado por Nicolás Maduro", y también dijo conocer de primera mano una denuncia realizada en 2013 sobre una presunta incursión de paramilitares en los límites entre ambos países.
Según el exfiscal, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en ese entonces que buscaban matarlo y lo que hacían el personal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, era quedarse con las ganancias de los empresarios colombianos.
Es de recordar que, Maduro ordenó cerrar el pasado 19 de agosto el principal paso terrestre con Colombia, que une a las dos ciudades de Cúcuta con Ureña y San Antonio de Táchira. La medida se extendió días después a otros municipios limítrofes hasta que la totalidad de la frontera, de dos mil 219 kilómetros quedó cerrada y aún permanece así.
Además, más de 22 mil ciudadanos colombianos han salido de Venezuela, entre casos de expulsiones, o bien, retornados que prefirieron regresar a Colombia al ver la situación. En un intento por disminuir la tensión, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro buscaron resolver el pasado 21 de septiembre la crisis en una reunión celebrada en Quito, bajo el auspicio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
De acuerdo con el medio digital, Runrunes, el operativo Operación de Liberación del Pueblo (OLP), creada por la administración de Nicolás Maduro, ha provocado cerca de ocho mil detenciones arbitrarias, de personas que fueron detenidas ilegalmente, y 125 ejecuciones extrajudiciales.
El reporte de Runrunes sostiene que entre el 13 de julio y el 13 de octubre del presente año, desde que inició el procedimiento, fueron detenidas alrededor de nueve mil 500 personas, pero solo mil 500 ciudadanos fueron presentados ante Ministerio Público, mientras que a los ocho mil restantes no se les acusó ni vinculó con algún hecho delictivo.
Según la ONG venezolana, Provea, las detenciones arbitrarias ocurrieron en tres meses, y fueron más del doble del 2014, cuando en todo el año se reportaron tres mil 570 casos de aprehensiones irregulares. También, señaló que los policías que comandan la OLP (implementada por Maduro) han hecho más de 13 mil allanamientos ilegales bajo el esquema de "verificación y auditoría", pero la mayoría no contó con órdenes judiciales.
La organización de derechos humanos colombiana precisó que desde setiembre se reportaron 976 casos de demoliciones y desalojos arbitrarios de viviendas, exiliando a 436 familias, 200 de ellas tuvieron que vivir un mes entre los escombros. Para la ONG, muchos de los expulsados que vivieron en lo que quedaba dxze sus casas fueron acusados de invasores, cuando en realidad eran propietarios que no tenían sus papeles en regla.
Según Provea, son mil 500 apartamentos recuperados con la OLP, sin claridad de cuál fue el procedimiento para quitarlos a sus dueños, por lo que se trató de criminalizar núcleos familiares. calculó que sólo en los sectores de El Piache y Los Olivos 300 familias fueron desalojadas, segun reportes vecinales.
Expresidentes exigen libertad de López
Durante un foro abierto realizado en Madrid, los expresidentes: Jorge Quiroga, de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Laura Chinchilla, de Costa Rica, Ricargo Lagos de Chile, Felipe Calderón, de México, Alejandro Toledo, de Perú y Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, exigieron la libertad del opositor Leopoldo López.
En una declaración conjunta, los exmandatarios recomendaron que observadores internacionales inspeccionen las próximas elecciones venezolanas, a realizarse el 6 de diciembre.
Los expresidentes solicitaron que se anulen los procesos "amañados y la persecución" de Leopoldo López, así como todos los opositores. Asimismo, calificaron como un "contrasentido" que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización acepte a Venezuela, pues tacharon que es un régimen que "persigue a la oposición", y criminaliza la disidencia.
Los abogados del líder opositor manifestaron que pedirán una investigación de las declaraciones del exfiscal, Franklin Nieves, y dijeron que apelarán la condena con base en sus denuncias sobre las presiones que recibió para condenar al político.
Dijeron que sumarán las denuncias en el proceso de apelación que iniciará con la presentación del escrito ante el tribunal, quien sentenció a Leopoldo López.
Según el exfiscal, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en ese entonces que buscaban matarlo y lo que hacían el personal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, era quedarse con las ganancias de los empresarios colombianos.
Es de recordar que, Maduro ordenó cerrar el pasado 19 de agosto el principal paso terrestre con Colombia, que une a las dos ciudades de Cúcuta con Ureña y San Antonio de Táchira. La medida se extendió días después a otros municipios limítrofes hasta que la totalidad de la frontera, de dos mil 219 kilómetros quedó cerrada y aún permanece así.
Además, más de 22 mil ciudadanos colombianos han salido de Venezuela, entre casos de expulsiones, o bien, retornados que prefirieron regresar a Colombia al ver la situación. En un intento por disminuir la tensión, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro buscaron resolver el pasado 21 de septiembre la crisis en una reunión celebrada en Quito, bajo el auspicio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
De acuerdo con el medio digital, Runrunes, el operativo Operación de Liberación del Pueblo (OLP), creada por la administración de Nicolás Maduro, ha provocado cerca de ocho mil detenciones arbitrarias, de personas que fueron detenidas ilegalmente, y 125 ejecuciones extrajudiciales.
El reporte de Runrunes sostiene que entre el 13 de julio y el 13 de octubre del presente año, desde que inició el procedimiento, fueron detenidas alrededor de nueve mil 500 personas, pero solo mil 500 ciudadanos fueron presentados ante Ministerio Público, mientras que a los ocho mil restantes no se les acusó ni vinculó con algún hecho delictivo.
Según la ONG venezolana, Provea, las detenciones arbitrarias ocurrieron en tres meses, y fueron más del doble del 2014, cuando en todo el año se reportaron tres mil 570 casos de aprehensiones irregulares. También, señaló que los policías que comandan la OLP (implementada por Maduro) han hecho más de 13 mil allanamientos ilegales bajo el esquema de "verificación y auditoría", pero la mayoría no contó con órdenes judiciales.
La organización de derechos humanos colombiana precisó que desde setiembre se reportaron 976 casos de demoliciones y desalojos arbitrarios de viviendas, exiliando a 436 familias, 200 de ellas tuvieron que vivir un mes entre los escombros. Para la ONG, muchos de los expulsados que vivieron en lo que quedaba dxze sus casas fueron acusados de invasores, cuando en realidad eran propietarios que no tenían sus papeles en regla.
Según Provea, son mil 500 apartamentos recuperados con la OLP, sin claridad de cuál fue el procedimiento para quitarlos a sus dueños, por lo que se trató de criminalizar núcleos familiares. calculó que sólo en los sectores de El Piache y Los Olivos 300 familias fueron desalojadas, segun reportes vecinales.
Expresidentes exigen libertad de López
Durante un foro abierto realizado en Madrid, los expresidentes: Jorge Quiroga, de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Laura Chinchilla, de Costa Rica, Ricargo Lagos de Chile, Felipe Calderón, de México, Alejandro Toledo, de Perú y Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, exigieron la libertad del opositor Leopoldo López.
En una declaración conjunta, los exmandatarios recomendaron que observadores internacionales inspeccionen las próximas elecciones venezolanas, a realizarse el 6 de diciembre.
Los expresidentes solicitaron que se anulen los procesos "amañados y la persecución" de Leopoldo López, así como todos los opositores. Asimismo, calificaron como un "contrasentido" que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización acepte a Venezuela, pues tacharon que es un régimen que "persigue a la oposición", y criminaliza la disidencia.
Los abogados del líder opositor manifestaron que pedirán una investigación de las declaraciones del exfiscal, Franklin Nieves, y dijeron que apelarán la condena con base en sus denuncias sobre las presiones que recibió para condenar al político.
Dijeron que sumarán las denuncias en el proceso de apelación que iniciará con la presentación del escrito ante el tribunal, quien sentenció a Leopoldo López.
