Pide la CIDH al gobierno de México proteger a esposa y chofer de Hérnandez Cardona
México.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano que implemente medidas de protección para preservar la vida de Sofía Mendoza Martínez, viuda del dirigente popular de Iguala Arturo Hernández Cardona, secuestrado y asesinado en mayo de 2013 y de Nicolás Mendoza Villa, chofer de la víctima y único testigo ocular del crimen atribuido al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca.
Abarca se encuentra actualmente en el penal de Máxima Seguridad de La Palma, en Almoloya Estado de México y su expediente está radicado en en un juzgado de causas penales federales en Matamoros, Tamaulipas.
La CIDH consideró que Sofía Mendoza y sus hijos pequeños y Nicolás Mendoza, quien aseguró ante el Ministerio Público del estado de Guerrero que él presenció cuando Abarca personalmente disparó y dio el tiro de gracia contra Hernández Cardona, su opositor político, se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia y su seguridad está en riesgo”.
El órgano interamericano que actualmente preside el mexicano Emilio Álvarez Icaza recibió la solicitud de amparo desde junio de 2013, a un mes del asesinato de Hernández y sus compañeros Rafael Bandera y Ángel Román, integrantes de la organización popular “Unidad Popular”.
Después de los hechos de Iguala del 26 de septiembre, cuando policías ministeriales, presuntamente por órdenes del propio Abarca enfrentaron a balazos a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, mataron a tres (o otras tres personas víctimas del fuego cruzado), hirió a decenas y entregó al crimen organizado a 43 muchachos que hasta la fecha siguen detenidos-desaparecidos, el hostigamiento y seguimiento de desconocidos contra las familias Mendoza Martínez y Mendoza Villa se intensificaron.
En el caso de Nicolás Mendoza, que fue secuestrado junto con su patrón y denunció los hechos, este y su familia han tenido que mudar de domicilio en ocho ocasiones, debido a los seguimientos e incluso incursión de desconocidos en su casa.
Las condiciones de amenaza de los beneficiados por las medidas cautelares, sostiene la CIDH, registraron “un evidente incremento de riesgo” después de la detención de Abarca, el 4 de noviembre pasado.
El gobierno mexicano está ahora obligado a implementar medidas cautelares (protección y tutela) de las dos familias e informar dentro de 15 días a la CIDH, en Washington, sobre estas. (Jornada)
