Alcalde de Iguala pide licencia por 30 días; surge versión de su detención por la PGR
Iguala, Gro.- Luego de que el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez solicitó licencia a su cargo por lapso de 30 días, la noche de este martes circuló en redes sociales la versión de que ya se encontraba detenido en las instalaciones regionales de la PGR.
Por la tarde impresionantes operativos se realizaron en la ciudad por parte de fuerzas estatales y federales con el objetivo de aprehenderlo. Una de sus propiedades fue cateada y varios de sus trabajadores domésticos llevados a las instalaciones de la PGR.
La mañana de este martes, José Luis Abarca Velázquez tomó la decisión de separarse de la alcaldía de Iguala luego de ser presionado por la dirigencia nacional del PRD y su corriente Nueva Izquierda.
Citó a una sesión de cabildo extraordinaria que fue celebrada a las 15:00 horas en el Ayuntamiento, donde la primera en llegar a la cita fue la regidora Sofía Lorena Hernández Martínez, viuda del dirigente de la Unidad Popular Arturo Hernández Cardona, quien siempre acusó al alcalde de estar detrás del crimen.
Sin embargo, el motivo de la separación del cargo fueron los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre cuando policías municipales y grupos de sicarios emprendieron una cacería de normalistas de Ayotzinapa que habían venido a la ciudad a botear y llevarse un par de autobuses para poder realizar movilizaciones enmarcadas en la masacre estudiantil de Tlatelolco, el 02 de octubre de 1968.
La noche del 26 de septiembre Iguala vivió uno de sus peores momentos registrándose constantes balaceras en distintos puntos de la ciudad por lapso de 5 horas. En un primer ataque, policías del municipio dispararon contra normalistas de Ayotzinapa dejando varios heridos y uno de gravedad.
Un segundo ataque fue ejecutado por civiles armados que en el cruce de la avenida Álvarez y el periférico norte, cerca de la planta de PEMEX, rafaguearon a estudiantes, líderes de la CETEG, del SUTCOBACH y periodistas que estaban con los normalistas. Ahí dieron muerte a dos jóvenes.
Un tercer ataque se dio en la carretera Chilpancingo-Iguala a la altura del crucero a Santa Teresa, donde un autobús de la empresa Castro-Turs fue emparejado por varios vehículos donde se transportaban civiles armados, y accionaron sus armas en contra de un equipo de futbol profesional de tercera división que ahí se transportaba.
En ese momento hirieron a varios jugadores y dieron muerte a una mujer que quedó entremedio de los atacantes y las víctimas, convirtiéndose en una de ellas. Sin embargo, de camino al hospital perdieron la vida el chofer del autobús y un adolecente de quince años, promesa del futbol de Chilpancingo que jugaba con Los Avispones, y que cabe resaltar, estudiaba apenas la secundaria.
Separación del cargo…
En entrevistas a medios nacionales y estatales, el alcalde José Luis Abarca había insistido en que no tenía que ver con los atentados ocurridos la noche del viernes 26, incluso afirmó que estaba dispuesto a colaborar en las investigaciones.
El lunes 29 de septiembre afirmó en varias entrevistas que no se separaría del cargo pero luego fue presionado por la dirigencia nacional de su partido.
Finalmente aceptó y citó a sesión extraordinaria donde como único punto a tratar fue la solicitud de licencia que, por unanimidad el cabildo aceptó.
En su discurso, el edil con licencia afirmó que buscaría "aclarar este fatídico acontecimiento hasta dar con los culpables y paguen su atrocidad con todo el peso de la Ley". Además pidió a sus adversarios políticos no actuar de forma prejuiciosa sin que exista una investigación de por medio y algún sustento en mano.
Al referirse a la noche del viernes 26 de septiembre, el edil reconoció que la ciudad de Iguala se vio envuelta en acontecimientos violentos, graves, en los que lamentablemente personas al parecer ajenas a esta comunidad perdieron la vida y resultaron heridas otras, "vulnerándose la paz social tan deseada y tan buscada para mí".
"Brindo con sinceridad, solidaridad y mayor fraternidad, mis más sensibles condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas en estas dolorosas circunstancias", destacó.
Dijo que los hechos del 26 de septiembre no se perciben como acontecimientos aislados y que han lesionado a la comunidad igualteca, por lo que aclaró que debe investigarse y sancionarse en aras de la justicia y no dejar impunes a los autores sean materiales o intelectuales, de los atroces acontecimientos.
Más aún, expuso: "El restablecimiento del estado de derecho significa una profunda investigación que responda a la altura de las circunstancias y con estricto apego al marco constitucional y legal".
De los policías municipales detenidos y acusados de los ataques a normalistas, reconoció que existió un aberrante abuso de autoridad, pero destacó que deberán ser juzgados y castigados otorgándoseles todas las garantías que la constitución federal otorga a todo gobernado.
"De esa manera saldrá a la luz la verdad de los hechos, castigándose con la fuerza de la Ley a los responsables de hechos que enlutan nuestra comunidad", dijo.
Afirmó que se retiraba con dignidad y la frente en alto; "les digo a quienes confiaron en mí y me eligieron como su presidente municipal, que mi convicción y compromiso social jamás permitiría cometer semejante atrocidad".
La búsqueda…
Luego de lanzar su discurso, Abarca salió de forma presurosa de la sala sin que hubiera terminado formalmente la sesión. Siempre detrás de él caminó su esposa María de los Ángeles Pineda de Abarca.
Veinte minutos después, un convoy confirmado por tres patrullas de la Policía Ministerial llegó hasta el acceso principal del Ayuntamiento. Venían al menos 25 elementos del grupo GERI, sin que informaran su objetivo. Sin embargo se retiraron unos 15 minutos después.
Minutos más tarde, un operativo conformado por policías federales, ministeriales de la PGR, elementos del Ejército Mexicano y policías estatales, llegó hasta la casa del edil ubicada en la calle Álamo de la colonia Jacarandas.
Las fuerzas federales catearon el domicilio pero no encontraron más que a trabajadores domésticos que fueron llevados en calidad de presentados a las instalaciones de la PGR. Según testigos, el presidente municipal llegó minutos antes y se llevó a su familia con rumbo desconocido.
Enseguida, ante la fallida operación en la casa del edil, se armó un impresionante operativo de todas las corporaciones castrenses y policiacas de la federación y el estado en la ciudad. Por las calles se observaron convoy´s de vehículos oficiales recorriendo la ciudad y, en todos los accesos se instalaron retenes.
Hasta las 20:00 horas de este martes no se había informado oficialmente sobre alguna orden de aprehensión en contra del edil perredista, tampoco se había logrado su localización. (Agencia Periodística de Investigación)
