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Pemexgate y fraude de Pemex en EU son obra de un diputado del PRI

 

El diputado priista y actual tesorero del sindicato petrolero, Ricardo Aldana Prieto, operó, desde cuentas manejadas por él, recursos millonarios provenientes de Pemex para presuntamente enfrentar la pugna legal en Texas con la empresa Arriba Limited.

Dicha firma demandó en 1986 al sindicato petrolero por incumplimiento de un contrato para venderle combustible.
Como parte del litigio, la empresa logró este mes que un juez congele 40 millones de dólares que el gremio tiene depositados en una cuenta de EU, para así intentar cobrarse el adeudo.
Ese dinero, que provenía de Pemex, había sido depositado en noviembre de 2000 en Nueva York por Aldana. Era fruto de un convenio laboral en el que el STPRM exigió una partida millonaria para enfrentar el pleito legal con Arriba Limited.
En ese año, en que el PRI perdió la Presidencia de la República, el sindicato petrolero se hizo de recursos millonarios. En mayo, Aldana abrió como tesorero del gremio una cuenta en Banorte y unos días después recibió de Pemex un préstamo por 640 millones de pesos.
En sólo 11 días se retiraron 500 millones de pesos, que, según testimonios judiciales, fueron llevados a la sede del PRI para usarlos en la campaña presidencial de Francisco Labastida, quien a la postre perdió con el panista Vicente Fox.
Esa transferencia de dinero público al PRI fue conocida --y sancionada-- como Pemexgate.
En septiembre de 2000, durante la negociación del contrato colectivo, Pemex pactó con el sindicato entregarle 850 millones de pesos y un "apoyo" de 250 para atender la demanda de Arriba Limited.
De esos mil 100 millones de pesos, Aldana transfirió, en noviembre de 2000, 390 millones a la casa de bolsa DL&J de Nueva York.
Un tribunal texano ordenó el congelamiento de esa cuenta como derecho de reclamación de Arriba Limited.
Ayer, senadores del PAN y el PRD se pronunciaron en contra de que Pemex destine recursos para ayudar al sindicato a enfrentar el litigio.
El diputado Ricardo Monreal pidió suspender el debate legislativo de la reforma energética hasta no aclarar las ilegalidades cometidas por el gremio encabezado por Carlos Romero Deschamps y Aldana.