Carta de 1985 fue clave para liberar a Caro Quintero
El 15 de marzo de 1985, ante una solicitud de la PGR para aclarar las funciones que desempeñaba Camarena, la Jefa de Personal Interino de la Embajada respondió que Camarena era agente de la DEA acreditado ante el Gobierno de México y con pasaporte oficial, pero consideró necesario agregar un párrafo que, 28 años después, decidió el destino del caso:
"Aun cuando el señor Camarena no tenía título diplomático o consular, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas ratificada en diciembre 13 de 1972, en particular el artículo 37, párrafo 2, es aplicable al mencionado señor Camarena y a otros miembros de esta misión diplomática quienes no tienen específicamente títulos diplomáticos o consulares".
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Guadalajara, que el jueves pasado ordenó la liberación de Caro Quintero en una sentencia de 2 mil 256 fojas, consideró que esa carta fue "ambigua", porque no aclaró a qué se dedicaba Camarena, "confusa", porque no es lo mismo personal diplomático que consular, y lo más importante, los magistrados resolvieron que la propia Embajada admitió que Camarena no entraba en estas categorías.
El artículo 104 de la Constitución señala que son competencia de los tribunales federales "los casos concernientes al personal diplomático y consular", y como Camarena no era ni uno ni otro, su homicidio fue resultado de sus "actividades como particular" y por tanto debió ser procesado por los tribunales del fuero común de Jalisco.
El Tribunal colegiado intentó cuadrar el estatus de Camarena en la Convención de Nueva York sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, que busca castigar actos de terrorismo contra jefes de Estado o cualquier representante de un país que tenga derecho a protección especial en el extranjero.
Sin embargo, los magistrados volvieron a embestir contra la carta de la Embajada, porque no aclaró a con precisión a qué se dedicaba Camarena.
"Aun admitiendo que Camarena formaba parte del personal administrativo o técnico de la misión diplomática de los Estados Unidos en nuestro país, la aplicación de la Convención de Nueva York exigiría que los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado hubieren sido cometidos con motivo de las funciones que ejercía en nombre de esa nación, las cuales no están definidas en modo alguno en los documentos con los que se demostró su legal estancia y acreditamiento en nuestro país, y por ende, se carece de elementos probatorios que permitan determinar con certeza que gozaba de la calidad de persona internacionalmente protegida", dice el fallo.
Agrega que tampoco hubo evidencia de que Camarena contaba con autorización del Gobierno de México para llevar a cabo funciones de investigación, policía o vigilancia, ni de que el Gobierno de su país lo hubiera comisionado para realizar tareas lícitas de intercambio de información sobre narcotráfico.
"Debe enfatizarse", sigue la sentencia, "que de acuerdo con las conclusiones acusatorias (de la PGR), los delitos cometidos en perjuicio (de Camarena) no se perpetraron con motivo del ejercicio de sus funciones como miembro de una misión diplomática, sino a causa de las investigaciones que al parecer, y sin una justificación legal probada en autos, llevaba a cabo sobre las actividades ilícitas de" Caro Quintero.
La funcionaria de la Embajada que firmó la carta se llamaba Jeanne B. Witt. No existen sobre ella mayores referencias, y aparentemente no sigue activa al servicio del Departamento de Estado.
Los magistrados José Félix Dávalos Dávalos, Rosa Isabel Moreno Ruiz y Lucio Lira Martínez también rechazaron jurisdicción federal sobre el secuestro y asesinato de Alfredo Zavala Avelar, piloto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que era informante de Camarena, pues su auxilio al agente de la DEA no tenía qué ver con sus funciones como empleado federal.(Reforma)
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