Gobierno evita corrupción dando obra pública a la Sedena
Ciudad de México.- Algunos órganos de Gobierno han encontrado una constructora que les entrega los proyectos a tiempo y sin sobrecostos y a la que nadie se atreve a extorsionar: la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) adjudicó en 2012 al menos nueve contratos de infraestructura a la Sedena por un monto total de mil 374 millones de pesos.
En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que administra más de 700 juzgados y tribunales, firmó el pasado 15 de abril un convenio marco hasta 2018 con la Defensa para encargarle diversas obras.
En 2012, el CJF tuvo que declarar desiertas por lo menos 45 licitaciones e invitaciones para trabajos de infraestructura.
Ahora, la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, a cargo del General de brigada José Antonio González de la Fuente, hará al menos 22 obras de la Judicatura por 885 millones de pesos en 15 ciudades, incluidas el DF, Guadalajara y Monterrey.
Algunas de las remodelaciones serán ejecutadas en las oficinas del CJF ubicadas en el Distrito Federal y construcciones completas para ese organismo judicial están siendo edificadas en San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca.
La Defensa también lleva a cabo actualmente obras de construcción y remodelación de instalaciones del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria.
El mayor Luis Enrique Calderón, jefe del Área de Normatividad de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, explicó en entrevista que las obras se llevan a cabo a través de convenios de administración directa.
"En la Sedena no ganamos nada por construir obra pública. No realizamos contratos ni subcontratos", afirmó.
Para ejecutar las obras públicas a las que se compromete la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), soldados son empleados como ingenieros, herreros y pintores y para otras labores de mano de obra calificada, además de que se utiliza maquinaria militar.
La dependencia federal también recurre a peones, a los que contrata de manera temporal a fin de cumplir con los tiempos convenidos, explicó el Mayor Calderón.
El militar indicó que los procedimientos para que el Ejército ejecute construcciones de la Administración Pública Federal se basan en la Ley de Obras Públicas.
"Nuestra labor es propiamente determinar si la solicitud de obras, o lo que se requiera, está dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestra infraestructura, para determinar si debemos proceder con esos convenios; en caso de que las propuestas que realicen esas dependencias no podemos resolverlas, simplemente se les informa que no estamos en la condiciones de ejecutar la obra", aclaró.
¿Se le transfiere dinero a la Sedena?, se le planteó.
"Claro, nosotros realizamos nuestras obras por Administración Directa, los recursos humanos que empleamos pertenecen a la Sedena, se emplea maquinaria perteneciente a la Sedena, la mano de obra que nos haga falta se contrata conforme a la normatividad de la materia.
"Sólo consideramos gastos de ejecución, no existe ninguna ganancia para la Secretaría, no tenemos sobrecostos ni mucho menos, solamente lo que va a costar la obra total y eso es lo que se especifica a la dependencia para que radiquen los recursos a la Sedena", explicó el Mayor.
–¿Cómo resuelve la Sedena la mano de obra?
"Nosotros contratamos mano de obra, parte de la mano de obra, no la totalidad, pues nosotros contamos con albañiles, herreros, plomeros, pintores y una serie de especialidades para la obra, una parte más se tiene que contratar, pero bajo las leyes de trabajo que nos especifica la normatividad.
"Se les da (a los albañiles) de alta en el IMSS, se les paga sus cuotas y se hace un contrato individual de trabajo para cada trabajador. No se le puede llamar un subcontrato de obra porque nosotros no estamos permitidos llevar subcontratos de obra", afirmó Calderón.
Fuentes judiciales explicaron que la decisión del CJF de adjudicar las obras a Sedena se debe a las complicaciones de los procesos de licitación, que llegan a durar más de tres meses y en varios casos han resultado en rescisiones y disputas con las constructoras privadas.
Otra razón es la inseguridad.
"En varias regiones el tema de la inseguridad es un factor particularmente relevante, que tiene que ser considerado para el desarrollo adecuado de espacios que alberguen de manera segura a los funcionarios judiciales", explicó una fuente del CJF.
Lo anterior, ya que la Sedena garantiza la confidencialidad de información estructural y de distribución de espacios en las instalaciones que construye.
Un factor adicional fue evitar la corrupción, pues las áreas de obras públicas son las que el CJF ha tenido que depurar con más frecuencia.
Los trabajos desarrollados para el SAT, en tanto, han sido predominantemente los de la Administración General de Aduanas, que también requiere seguridad adicional y secrecía.
Dichas obras han incluido la ampliación y reordenamiento de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nuevas instalaciones en la garita Chaparral-San Ysidro en Baja California, la construcción del Cruce Fronterizo Subteniente López II y el acondicionamiento el edificio para el Cuerpo de Seguridad Especial del propio SAT en el DF, que es una "policía" interna del organismo y también adquirió sus armas por medio de la Sedena.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien era titular del SAT cuando se firmaron estos contratos, es desde diciembre pasado Ministro de la Suprema Corte de Justicia, cuyo Presidente, Juan Silva Meza, también encabeza al CJF.
Como se trata de contratos entre órganos de gobierno, no es necesario licitarlos.
Un antecedente de esta práctica son los convenios firmados por la Presidencia de la República con la Secretaría de Marina entre 2008 y 2010, por 29.5 millones de pesos, por los cuales esta última dependencia se hizo responsable de la remodelación y mantenimiento de inmuebles en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Estos contratos son paralelos a otros por servicios que brinda la Sedena, como el firmado en marzo pasado con Caminos y Puentes Federales por 57 millones de pesos, para la vigilancia hasta diciembre de 2015 en 20 plazas de cobro de carreteras administradas por este organismo o los que le ha venido adjudicando la Comisión Nacional del Agua desde 2009, también para tareas de seguridad.(Reforma)
