PRD pide que se indague finanzas del Sindicato petrolero
Ciudad de México.- Diputados del PRD propusieron que la Auditoría Superior de la Federación revise el destino de los recursos que entregó Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
La propuesta se presenta luego que Reforma diera a conocer que uno de los hijos del líder del sindicato petrolero y senador del PRI, Carlos Romero Deschamps, compró dos departamentos de lujo en Miami, Florida, por 7.5 millones de dólares.
"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación, que en el marco de sus facultades y atribuciones, audite el monto y el destino de los recursos entregados por Petróleos Mexicanos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, durante el período comprendido del 1 de enero del 2005 a la fecha", cita un punto de acuerdo presentado por los diputados del PRD Miguel Alonso Raya y Luis Espinosa.
En la propuesta se retoma la información de que el hijo de Romero Deschamps, José Carlos Romero Durán, adquirió dos departamentos en un condominio de lujo en Miami Beach:
Uno en la torre The Bath Club, por los cuales pagó 7 millones 550 mil dólares, de acuerdo con registro de la propiedad, adquirido el 14 de diciembre de 2005.
El segundo departamento lo compró el 28 de marzo de 2006 a un costo de 5 millones 500 mil dólares.
También se mencionan otros hechos, como la compra de un automóvil Enzo Ferrari del líder petrolero a su hijo José Carlos, cuyo valor se aproxima a 2 millones de dólares.
Anteriormente, se cita, el diputado Luis Espinosa Cházaro sometió a la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo sobre la investigación del préstamo sin intereses por la cantidad de 500 millones de pesos, que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
En su argumento para solicitar la auditoría de los recursos de Pemex entregados al sindicato, se agrega que no debe olvidarse el antecedente de que el IFE impuso en el 2002 una multa de mil millones de pesos al PRI, pues concluyó que el STPRM desvió al menos 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. (Reforma)