Denuncian escalada paramilitar contra zapatistas en Chiapas
San Cristóbal de las Casas, Chis. -La Junta de Buen Gobierno (JBG) del caracol zapatista de Roberto Barrios, en la zona norte, denunció la participación directa del secretario de Gobierno, Noé Castañón León, en la planeación e implimentación de la escalada paramilitar contra la comunidad Comandante Abel y contra las bases zapatistas en Unión Hidalgo, la cual ha provocado el desplazamiento de 83 indígenas que llevan tres semanas refugiados en otros poblados.
Contra el desmentido gubernamental mediante una gacetilla de que agentes policiacos hubiesen disparado en Comandante Abel, la JBG reiteró que el 18 de septiembre, a mediodía, policías desplegados ahí por el gobierno estatal hicieron dos disparos “para intimidar, igual que los paramilitares”.
En un comunicado sostiene que prosiguen “los ataques, desalojos, amenazas, robos e intimidaciones y desplazamientos”. Responsabilizando al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y al estatal de Juan Sabines Guerrero en la ejecución del ataque en curso, la JBG sentencia: “Es una actitud de cobardía utilizar gente de la misma raza justificando como pleitos intercomunitarios”.Las comunidades agredidas pertenecen al municipio autónomo La Dignidad, en la región chol. El 6 de septiembre “paramilitares de Unión Hidalgo y San Patricio se posesionaron para invadir y desalojar a nuestros compañeros de sus tierras”, refiere la JBG.
El día 12 los paramilitares saquearon la milpa colectiva, “mientras otros estaban en guardia con armas de grueso calibre”. El mismo día llegaron a San Patricio un total de 11 vehículos con policías y judiciales “para observar el lugar donde instalar su campamento”.
La JBG detalla: “El día 13 llegaron en la cabecera municipal de Sabanilla Noé Castañón, secretario general del Gobierno, y Maximiliano Narváez Franco, subsecretario, a reunirse con los invasores de Unión Hidalgo y los priístas de San Patricio a confirmarles que las tierras son de ellos, justificando con sus proyectos de legalización, comprometiéndose a dar seguridad, enviándoles patrullajes policiaco para cuidar a los invasores y apoyar con materiales para construir sus viviendas como láminas incluso a entregarle sus dispensas a los paramilitares”.
Entonces se iniciaron patrullajes en el terreno recuperado. El día 16 la policía repartió láminas a los invasores de Unión Hidalgo y los priístas de San Patricio, que “en el mismo momento se quedaron posesionados en el terreno recuperado, e “inmediatamente le construyeron su campamento a la policía”.
El día 26 hubo otra reunión Sabanilla con funcionarios estatales: “hicieron una minuta de trabajo entre los representantes de los paramilitares de Unión Hidalgo y los priístas de San Patricio con el tema de regularización a nombre de los paramilitares, haciéndoles creer que son derechosos (sic), los están utilizando para apropiar y desalojar de sus tierras a nuestros compañeros bases zapatistas”.
El robo de maíz ha seguido, y el 27 y 28 lo intensificaron. “Desde la invasión, la perdida equivale a 22 toneladas en granos con un precio global de 132,000 mil pesos valorado a 6 pesos el kilo”. También denuncia que sus compañeros desplazados de Unión Hidalgo “se encuentran fuertemente amenazados de los paramilitares que se están organizando para apropiar sus parcelas”.
Los robos “han sido constantes” a pesar de la presencia de la policía, “se ve claramente que el mal gobierno ha preparado estos actos delictivos”, dice la JBG. “Tenemos mucha razón para defender las vidas e integridad de nuestros compañeros”, y añade, dirigiéndose a los gobiernos federal y estatal: “Ustedes son los verdaderos culpables y autores intelectuales de los hechos delictivos que sufren nuestras bases de apoyo; las consecuencias que pueda pasar ustedes son los principales culpables, qué tendrán que rendir cuenta y (ser) juzgados ante la historia del pueblo de México”.
300 días preso
En otro orden, Francisco Santiz López, base de apoyo zapatista de Tenejapa, cumplió este sábado 300 días encarcelado sin motivo en el penal de San Cristóbal. Inicialmente se le acusó de participar en una agresión en la comunidad Banavil el pasado diciembre, sin fundamento, como lo reconoció el juez.
No obstante, una repentina nueva acusación, emitida cuando se disponía a dejar la cárcel, impidió su salida y empantanó su caso, con el cargo de portación de arma prohibida, no sólo tardío sino infundado, pero muy útil para mantener al indígena zapatista como virtual rehén bajo cargos federales que ningún juez se ha atrevido a ratificar. (Jornada)