Critican especialistas al gobierno mexicano por caso Zedillo
Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dijo que con el envío de esta nota diplomática, México manda un mensaje contrario a los derechos humanos, pues antepone la relación bilateral a los compromisos universales que tiene un Estado para garantizar, respetar, y proteger los derechos humanos, así como investigar y sancionar las violaciones.
En opinión de Gutiérrez, con esa resolución México podría solicitar inmunidad para otros altos funcionarios, por ejemplo ex Gobernadores contra quienes se han iniciado procesos en Estados Unidos.
"Eso es lo peligroso de la actitud del Gobierno mexicano, que si se alega inmunidad frente a un ex Presidente o una persona de un alto cargo, en otros casos cualquier otro funcionario de alto perfil, un gobernador podría solicitar también que el gobierno federal realice o tome la misma actitud de defensa de la inmunidad, y eso abre un precedente posiblemente negativo para la persecución no sólo de delitos de derechos humanos sino de otro tipo de delitos", opinó.
Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organización que llevó el caso de Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya solicitado la inmunidad para Zedillo, pues reitera la política de encubrimiento de ambos gobiernos sobre los hechos ocurridos en 1997.
En tanto, el ex Canciller Jorge Castañeda dijo que México optó por la inmunidad soberana sobre el principio de la jurisdicción universal.
"La carta de México es muy clara: México se pronuncia en contra de la jurisdicción universal y a favor de la inmunidad soberana y de la preminencia de la soberanía de cada país para juzgar o no juzgar cualquier acto que se hubiera cometido", dijo en entrevista radiofónica.
En opinión de Castañeda, esto significa que México está a favor de que, independientemente de los delitos cometidos, los ex Mandatarios, incluidos dictadores africanos acusados de violaciones graves a los derechos humanos, sean juzgados en sus países y no en cortes de otras naciones, como establece el principio de la jurisdicción universal.